El homicidio de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió su excarcelación Lucas Pertossi, condenado a 15 años de cárcel como partícipe secundario del homicidio de Fernando Báez Sosa, le pidió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores que “declare que la extensión de la prisión preventiva ha superado el plazo razonable compatible con su naturaleza cautela” y, en consecuencia, “se disponga la morigeración de la detención” de su asistido. “Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de detención preventiva, el estado actual del proceso, la conducta observada por Lucas Pertossi durante su alojamiento penitenciario, y las recomendaciones de la Suprema Corte provincial respecto a la revisión de la prisión preventiva, entendemos que resulta plenamente viable la adopción de una medida cautelar menos restrictiva, que permita asegurar los fines del proceso sin mantener una restricción extrema de la libertad personal”, sostuvieron Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, y Rolando Brown, a cargo de la Unidad Funcional de Defensa (UFD) N°2 de Dolores, en su presentación ante el tribunal que condenó, en febrero de 2023, a su asistido y a otros siete jóvenes por el homicidio ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. Pertossi tiene 27 años. Junto con los otros condenados, Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, y Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, está alojado en la Unidad 61 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Melchor Romero, en La Plata. “La aplicación de una medida menos restrictiva aparece como una solución adecuada y proporcional para asegurar la sujeción del imputado al proceso sin mantener una restricción extrema de su libertad.

En efecto, el ordenamiento procesal contempla diversas herramientas destinadas a asegurar la sujeción del imputado al proceso sin recurrir necesariamente a la prisión preventiva, entre ellas la prisión domiciliaria, el control mediante dispositivos de monitoreo electrónico, las presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, la prohibición de salida del país o la fijación de cauciones adecuadas”, sostuvieron Nolfi y Brown en el escrito, al que tuvo acceso LA NACION. Fuentes con acceso al expediente informaron que Francisco Oneto, abogado defensor de Thomsen, adhirió al pedido hecho por Nolfi y Brown. En diciembre pasado, Nolfi había pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.

La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en “la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, había informado en su momento la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado de prensa. Nolfi asumió la defensa de Lucas Pertossi en diciembre pasado. Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados. “Si bien el doctor Tomei asumió la defensa con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense [por la declaración indagatoria], lo cierto es que, desde el mismo momento en que tomó intervención, ya existía un cuadro evidente de intereses contrapuestos entre los imputados, derivado de la disparidad objetiva de roles, de la distinta entidad de la prueba de cargo y del diverso grado de responsabilidad que se les atribuía.

Ese contexto imponía, como vengo sosteniendo reiteradamente en este escrito, una actuación diferenciada y un control judicial activo, tendiente a evitar que la defensa común frustrara el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguno de los encartados”, sostuvo Nolfi en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION. Para Nolfi, “la asunción de una defensa técnica común en una causa de extrema gravedad, con roles fácticos claramente disímiles, requería la revisión crítica de lo actuado por el letrado de confianza y la adopción inmediata de medidas orientadas a resguardar el derecho de defensa. En otras palabras, los tribunales debían intervenir de oficio para subsanar esa situación y permitir una defensa diferenciada que tutela de manera efectiva la situación fáctica y jurídica de Lucas Pertossi”.

Las condenas (cinco prisiones perpetuas y tres a 15 años de cárcel) no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa (representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio) y las defensas de los ocho condenados. El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi.

Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua. Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, que tiene prevista una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio. Como informó LA NACION, además de lo que deba resolver el máximo tribunal bonaerense, “parte de la discusión” ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que resolver recursos sobre supuestas “violaciones constitucionales” que hizo Tomei, como la presentación por “la falsedad de las actas de imputación”, entre otras.