El máximo tribunal no definió en mayo si el Ejecutivo debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, y cada mes de demora le significa al Tesoro unos 117 millones de dólares menos de gasto. Desde enero, el ahorro acumulado ronda los 816 millones. Si el fallo llega en junio y la reglamentación insume 30 días, los pagos comenzarían en agosto, reduciendo el costo anual del 0,2% al 0,08% del PBI. El tribunal deberá además sentar jurisprudencia sobre si un Ejecutivo pue

• En términos de gasto público (aunque la educación no caiga en esa calificación), la erogación final para el ejercicio 2026 sería de entre 467 a 580 millones de dólares; y no de 1.400 millones
• Cada mes que corra sin definición cortesana son unos US$ 117 millones menos para descontar del presupuesto fiscal 2026
• Y haciendo la cuenta al revés, contabilizando desde enero a julio el dinero ahorrado, el Ejecutivo ya acumuló unos 816 millones de dólares en el período en que no ejecutó la ley que le ordenó el Congreso Nacional
• En total, serían unos 6.200 millones de dólares de ahorro primario durante todo el ejercicio, cuando, según informó el Ministerio de Economía...