La Corte Suprema de Justicia de la Nación activó este martes la causa iniciada por la provincia de Buenos Aires contra el Estado nacional por el recorte de fondos previsionales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en un expediente que ya acumula una deuda estimada en más de $2,2 billones. El máximo tribunal realizó una audiencia clave en la que escuchó los argumentos de ambas partes: funcionarios del gobierno de Javier Milei y representantes de la administración bonaerense encabezada por Axel Kicillof. Tras el encuentro, se fijó una nueva convocatoria para el próximo 21 de abril.

El eje del conflicto: el DNU de Milei La disputa gira en torno al DNU 280/2024, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso no prorrogar artículos clave del Presupuesto 2023 que garantizaban las transferencias de ANSES para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas. Frente a esa decisión, la Provincia presentó en abril de 2024 una demanda para exigir que se restablezcan “las transferencias y las actualizaciones correspondientes”, al considerar que esos fondos están reconocidos por ley. El reclamo incluye no solo los anticipos de 2023 y 2024, sino también diferencias acumuladas de ejercicios anteriores (2018, 2019 y 2020), lo que eleva la deuda total a más de $2,2 billones, según estimaciones oficiales.

La postura bonaerense En representación de la Provincia participaron el ministro de Economía, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Tras la audiencia, López destacó la instancia abierta por la Corte: “Pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia. El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril”.

El funcionario expresó además la expectativa de que en ese plazo haya avances concretos: “Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento”. Un conflicto mayor por fondos Desde la administración bonaerense interpretan la convocatoria judicial como un avance en medio de la falta de canales de negociación política con la Nación. El reclamo por los fondos previsionales es, además, solo uno de los siete litigios que la Provincia mantiene contra el Gobierno nacional por recortes en distintas áreas.

Según datos oficiales, la deuda total por transferencias no automáticas y obras paralizadas asciende a $15,6 billones. “Es importante recordar que este reclamo es apenas uno de los siete que la Provincia mantiene contra Nación”, advirtió el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, quien remarcó que “las deudas totales ascienden a $15,6 billones” y que, en ese contexto, “desde la gestión del gobernador Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con sus obligaciones y recupere los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”. El funcionario también subrayó el impacto directo sobre las finanzas provinciales: “Hacemos un esfuerzo enorme para sostener las funciones básicas del Estado bonaerense”, afirmó, al tiempo que volvió a apuntar contra el “incumplimiento” de la Nación en el envío de fondos. Advirtió el funcionario que estos recortes se dan en un contexto de caída de la recaudación producto de la recesión económica, lo que incrementa la presión sobre las cuentas provinciales.

En ese marco, también volvió a poner sobre la mesa la discusión por la coparticipación: Buenos Aires aporta cerca del 38% de los recursos nacionales pero recibe apenas el 7%, mientras que la Nación concentra el 70% de la masa coparticipable.