La Corte reafirm� el rol del Congreso y dijo que los jueces "no pueden dejar de lado la ley cuando no est�n de acuerdo" con lo que all� se ordena La Corte Suprema dej� sin efecto una sentencia que otorgaba penas inferiores al m�nimo legal a los l�deres de una usina de facturas truchas, que operaba en varias provincias y record� que los jueces no pueden ignorar los topes que fija el Congreso de la Naci�n. "Los jueces no pueden dejar de lado la ley porque no est�n de acuerdo con lo que dispone o porque les parece inconveniente", advirti� la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n, al revocar una sentencia de la C�mara Federal de Casaci�n Penal que hab�a dictado una pena menor a la que fija la ley para un grupo de acusados de montar una usina de facturas "truchas" a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuqu�n y Chubut y que habr�a perjudicado al fisco en sumas millonarias. Se trata de un megajuicio que se hizo en esa provincia con 29 acusados en el banquillo. El 3 de junio de 2020, el Tribunal Oral Federal N� 2 de Mendoza conden� a Pablo Gabriel Prete Licata, a siete a�os y seis meses de prisi�n y a Sergio Arturo Delfino, a la pena de siete a�os de prisi�n por ser considerados l�deres u organizadores de asociaci�n il�cita.

Otros acusados fueron sentenciados a penas de entre 5 y 3 a�os y medio como participes de la banda. Seg�n la investigaci�n, la organizaci�n se form� y se mantuvo en actividad en el tiempo con la finalidad de cometer, en forma habitual y sistem�tica, delitos tipificados en la ley tributaria. La hip�tesis acusatoria fue que en una primera instancia se buscaban personas insolventes dispuestas a recibir dinero en retribuci�n por entregar sus datos personales para inscribirse como contribuyentes ante la AFIP y as� hacerlas pasar por integrantes de sociedades falsas.

Los clientes de la organizaci�n liderada por Prete y Delfino se hac�an de facturas con el objetivo de evadir el pago de obligaciones de impuestos, reduciendo as� la base del c�lculo tributario mediante una simulaci�n de costo. La "usina" de facturas funcion� hasta octubre de 2015, cuando se realizaron los allanamientos que devinieron en la detenci�n de una veintena de acusados. Tras las condenas, las defensas apelaron.

Y La Sala II de la C�mara Federal de Casaci�n Penal revis� las apelaciones de las defensas y, por un lado, absolvi� a varios de los implicados y, por otro, por mayor�a, anul� gran parte de la sentencia. Sin declarar la inconstitucionalidad de la escala penal prevista para el art. 15, inc. c, de la Ley 24.769, Casaci�n consider� que las penas de un grupo de personas fijadas en tres a�os y seis meses de prisi�n (es decir, el tope m�nimo de pena prevista por el legislador para el delito imputado) por la caracter�stica excepcional del caso resultaba "irrazonable" y entendi� que la pena deb�a ser menor. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti advirtieron que "el delito de asociaci�n il�cita tributaria se encuentra reprimido con la pena de prisi�n de tres a�os y seis meses a diez a�os (art. 15, inc. c, de la Ley 24.769, seg�n el texto d la Ley 25.874)".

Y afirmaron que "los argumentos esgrimidos por el tribunal para justificar la imposici�n de una pena inferior al m�nimo establecido no autorizan a soslayar las previsiones del texto legal", sin haber declarado la inconstitucionalidad de la norma. "Con arreglo a jurisprudencia constante de esta Corte Suprema, no cabe a los tribunales apartarse del principio primario de sujeci�n de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones o, como ocurre en el sub examine, escalas penales no previstas por aqu�l. De hacerlo, se desconocer�a que la primera fuente de ex�gesis de la ley es su letra y que, cuando �sta no exige esfuerzo interpretativo alguno, la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de razones que podr�an ser objeto de consideraci�n por el Congreso de la Naci�n, pero que resultan ajenas a la misi�n de los magistrados", se�al� el fallo. "De otro modo, se arribar�a a una supuesta interpretaci�n que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposici�n legal tal como ocurri� en el caso equivaldr�a a prescindir de su texto a reemplazarlo por aquel que, de acuerdo con la valoraci�n efectuada por los jueces intervinientes, resultase justo para el caso concreto. Esta Corte ha insistido en que ello es no solo arbitrario, sino tambi�n contrario a la divisi�n de poderes constitucional", agreg� el m�ximo tribunal.

La Corte Suprema afirm� que, "en ning�n caso" se ha "habilitado a los tribunales a sortear o prescindir del texto legal sir declar�rselo inconstitucional". Y resalt� que el m�ximo tribunal "ha sostenido reiteradamente que resulta propio del Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros y establecer las escalas penales conforme lo estime pertinente". El fallo enfatiz� que "el principio constitucional de la separaci�n de poderes del Estado (art. 1 de la Constituci�n Nacional) veda a los jueces la facultad de prescindir de la aplicaci�n de una ley vigente que resuelve el caso, so pretexto de considerar que su aplicaci�n conducir�a a resultados inapropiados por su injusticia o desacierto".

Y resalt� que "esta Corte Suprema ya ha advertido en numerosas oportunidades que los jueces no pueden dejar de lado la ley porque no est�n de acuerdo con lo que dispone o porque les parece inconveniente". "As� como corresponde al Poder Legislativo determinar cu�les son los intereses que el derecho penal debe proteger, tambi�n le incumbe establecer la medida de la respuesta punitiva necesaria para garantizar una protecci�n suficiente). De acuerdo con ello, la determinaci�n abstracta de la pena con la que se conmina una conducta prohibida es materia exclusiva del Congreso de la Naci�n, mientras que la determinaci�n de la pena a imponer en un caso concreto esto es, su especie, cuando la ley prev� m�s de una posibilidad, y su cuant�a constituye una tarea reservada a los jueces. Sin embargo, dicha determinaci�n solo es leg�tima si se efect�a dentro de los par�metros legales establecidos, en primer t�rmino, por tipo penal aplicable y, en segundo lugar, por las normas que regulan los criterios de mensuraci�n de la pena", se se�al�.