La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió este sábado un duro comunicado en el que repudió el ataque con una bomba molotov contra la sede del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento en la ciudad de Rosario. Advirtieron que el hecho "no puede interpretarse como un episodio aislado" y lo encuadró dentro de una escalada de acciones y discursos que, a su entender, buscan amedrentar al movimiento obrero organizado y disciplinar a quienes defienden los derechos de los trabajadores. El comunicado, firmado por el Consejo Directivo Nacional, cierra una semana especialmente tensa entre la CGT y el gobierno de Javier Milei.

La central obrera detalló además dos casos concretos de lo que calificó como persecución oficial. Por un lado, el Gobierno Nacional aplicó una multa millonaria al Sindicato La Fraternidad por haberse adherido al paro nacional convocado por la CGT, una sanción que la central calificó de "injusta" y que interpretó como un ataque directo al derecho constitucional a la protesta y a la organización sindical. Por el otro, la Unión Tranviarios Automotor enfrenta un proceso judicial impulsado por el Ejecutivo cuyo objetivo, según la CGT, "no es otro que el de debilitar a la organización".

La acumulación de los tres episodios en pocos días fue leída por la conducción cegetista como una señal de que la ofensiva contra el sindicalismo tiene carácter sistemático. El comunicado cargó con dureza contra el clima político que rodea estos hechos y advirtió sobre "la gravedad institucional que implica naturalizar ataques, persecuciones y medidas intimidatorias contra las organizaciones sindicales". La CGT expresó su solidaridad con los trabajadores del gremio portuario rosarino, de La Fraternidad y de la UTA, y convirtió el ataque en Rosario en un símbolo de la presión que, a su juicio, sufre el movimiento obrero en su conjunto.

La elección de Rosario como escenario del episodio más violento no pasó inadvertida: es la ciudad donde la tensión entre el Estado y los sectores organizados tiene mayor visibilidad política y mediática. El cierre del comunicado fue un mensaje político sin ambigüedades: "El movimiento obrero organizado no va a ceder frente a las amenazas ni frente a quienes intentan silenciar la voz de los trabajadores organizados". La declaración llega en un momento en que la CGT analiza la convocatoria a nuevas medidas de fuerza y en que el debate sobre la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo se acerca a su momento de mayor tensión legislativa.

El tono del texto marca que la central no tiene intención de bajar la guardia en un año en que las elecciones de medio término convierten cada conflicto gremial en munición política de primera línea. Una semana de fuego: el sindicalismo acumula frentes abiertos con el Ejecutivo El ataque en Rosario se produjo en el peor momento posible para la relación entre el Gobierno y la CGT. La central obrera viene de un paro general que sacudió la agenda política y de un proceso de negociación paritaria que en varios sectores no llegó a buen puerto.

La ofensiva judicial y administrativa contra La Fraternidad y la UTA se suma a un contexto en que el Ejecutivo busca limitar el poder de fuego sindical antes de que comience la campaña electoral, una estrategia que los gremios interpretan como una declaración de guerra a las reglas del juego que rigieron las relaciones laborales durante décadas. La respuesta de la CGT con este comunicado anticipa que el conflicto no tiene resolución a la vista. Si el Gobierno mantiene las multas y los procesos judiciales contra los gremios que adhirieron al paro, la presión para convocar una nueva medida de fuerza crecerá dentro de la cúpula sindical.

Y si el ataque en Rosario no encuentra una respuesta oficial contundente que descarte cualquier vínculo con el clima de hostigamiento que la central describe, la central obrera tendrá todos los argumentos para escalar el conflicto justo cuando la marcha universitaria del 12 de mayo y el debate presupuestario amenazan con volver a llenar las calles de opositores al modelo libertario.