La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y la recomposición salarial docente, según adelantó Infobae. El fallo exige que la administración pública cumpla de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en septiembre de 2025. Además, dispone la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán cuestionaron con dureza los argumentos del Estado, al considerar “poco serios” los planteos que sostenían que la medida cautelar representaba una sentencia definitiva encubierta. En la resolución también se recordó que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la ejecución de la ley hasta definir su financiamiento, presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Asimismo, se señaló una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico” por parte del Ejecutivo, en relación al impacto que la demora genera en el funcionamiento del sistema universitario.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, calificaron la decisión como “arbitraria” y argumentaron que la aplicación de la ley requiere previamente la definición de sus fuentes de financiamiento y su inclusión en el Presupuesto. En esa línea, sostuvieron que la cuestión presupuestaria corresponde al Congreso y no al Poder Judicial, además de advertir sobre un posible impacto en el equilibrio fiscal, argumento que fue desestimado por la Cámara.