La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez instructor, Antonio Viejo, que amplíe la investigación sobre Alberto González Amador, antes pareja de Isabel Díaz Ayuso, y permita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a información económica que hasta ahora había quedado fuera de las pesquisas. Los agentes podrán recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al empresario desde 2014 hasta la actualidad, además de examinar sus cuentas bancarias. La resolución estima el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión del magistrado de limitar las diligencias al análisis de los movimientos bancarios.

El Ministerio Público defendía que los investigadores necesitaban contrastar esa documentación con la información tributaria y laboral para reconstruir la actividad económica de González Amador y esclarecer si se produjo un incremento patrimonial injustificado. PUBLICIDAD La ampliación de las pesquisas se produce en la causa que investiga el presunto pago de una comisión encubierta de 500.000 euros a Fernando Camino, alto directivo de Quirón Prevención y principal cliente del empresario. La Fiscalía sospecha que la operación societaria que dio origen al procedimiento pudo servir para compensar a Camino por su intervención en una operación comercial anterior relacionada con la compraventa de material sanitario durante la pandemia.

La UCO podrá cruzar los datos bancarios con los de Hacienda El juez Antonio Viejo había autorizado en junio el rastreo de las cuentas bancarias de González Amador y de las sociedades vinculadas a los investigados, pero dejó para una fase posterior la petición de información a Hacienda y a la Seguridad Social. La decisión suponía aceptar solo una parte de las diligencias reclamadas por la Guardia Civil, que consideraba necesario analizar conjuntamente las distintas fuentes de información para completar el informe patrimonial. PUBLICIDAD La Fiscalía recurrió esa limitación al entender que no había motivos para aplazar el acceso a unos datos que resultaban necesarios para avanzar en la investigación.

Las acusaciones populares, ejercidas por el PSOE y Más Madrid, también respaldaron la ampliación de las diligencias. La defensa de González Amador se sumó a esa petición. El empresario solicitó que se autorizasen cuanto antes las medidas reclamadas por los investigadores con el argumento de que quería poner fin al procedimiento lo antes posible.

La esposa de Camino, Gloria Carrasco, también había manifestado su interés en que se practicasen las diligencias pendientes para esclarecer los hechos. PUBLICIDAD La Audiencia considera necesario que la UCO disponga de información complementaria para realizar su análisis. El objetivo es cotejar los movimientos bancarios con los datos fiscales y de la Seguridad Social, comprobar si existen discrepancias y determinar si se produjeron flujos económicos que no se correspondan con la actividad declarada.

La decisión llega, además, después de que el informe patrimonial encargado a la Guardia Civil acumulase más de un año de retraso. La anterior titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, había encomendado las pesquisas a la UCO el 27 de junio de 2025, antes de jubilarse. Su sucesor, Antonio Viejo, asumió la causa en octubre de ese año.

PUBLICIDAD Una compra de 500.000 euros bajo sospecha La investigación se centra en la adquisición, en diciembre de 2020, de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador. El empresario pagó 500.000 euros por la sociedad a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino. La compañía pasó posteriormente a denominarse Masterman SL.

La Fiscalía sospecha que la compraventa pudo encubrir el pago de una comisión a Camino, en un momento en el que González Amador mantenía una relación comercial con el grupo sanitario. La sociedad adquirida tenía un valor contable reducido, un elemento que ha alimentado las dudas sobre la justificación económica de la operación. El trasfondo se remonta a los meses anteriores, cuando González Amador intervino como intermediario en una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia y obtuvo una comisión cercana a los dos millones de euros.

Camino formaba parte del equipo de la empresa compradora, Mape, vinculada a la operación. PUBLICIDAD Los investigadores tratan de determinar si la adquisición de la sociedad a la esposa del directivo pudo servir para devolver o compensar aquella intervención comercial. La relación entre ambas operaciones constituye una de las hipótesis que la instrucción debe esclarecer y no un hecho probado.

La causa investiga posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Camino está citado a declarar como investigado el próximo 3 de diciembre, una comparecencia que se enmarca en las diligencias destinadas a aclarar su posible participación en los hechos. PUBLICIDAD PUBLICIDAD