El expediente que busca determinar qué sucedió con Guadalupe Lucero sumó un componente perturbador que obliga a los investigadores a mirar, una vez más, hacia el núcleo familiar. La reciente imputación del abuelo paterno por un delito de integridad sexual no solo generó un fuerte impacto social, sino que desató una ola de cuestionamientos sobre la eficacia de la coordinación judicial en San Luis. Desconcierto y denuncias de negligencia Silvia Domínguez, abuela materna de Guadalupe, rompió el silencio tras la filtración de un video de la defensa donde se detallaba la situación procesal del acusado.

En diálogo con TN, la señora manifestó el dolor que atraviesa la familia al considerar el riesgo que pudo haber corrido la pequeña: "Es imposible no pensar en Guadalupe en esa situación. No te puedo explicar lo que pasa por nuestra cabeza", señaló. La abuela materna puso el foco en dos puntos críticos que podrían haber entorpecido la búsqueda desde 2021: Antecedentes previos: El imputado ya contaba con causas anteriores por situaciones similares que "siempre se arreglaban entre familias".

Falta de conexión judicial: La familia se pregunta por qué la Justicia Federal, que investiga la desaparición, no fue notificada de que esta persona ya estaba imputada por abuso sexual desde 2024. Sospechas de protección política y conflictos familiares La indignación de Domínguez también apunta a la posible existencia de un "paraguas" protector sobre el acusado, quien al momento de la desaparición de la nena desempeñaba tareas en la Casa de Gobierno. La abuela materna cuestionó si el accionar policial y judicial fue fruto de la negligencia o de una protección deliberada.

Asimismo, la relación entre las dos ramas familiares atraviesa su momento más tenso. Domínguez criticó duramente al padre de Guadalupe por defender al imputado: “Si vos defendés lo indefendible, sos cómplice. Antes que nada, tendría que preguntarse dónde está su hija”, sentenció.