El bloqueo de la CNTE en Calzada de Tlalpan este 9 de de junio ha generado que personas políticas también se sumen al llamado al “dialogo”, tal como lo ha hecho la Secretaría de Gobernación a medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026. Esta vez, Kenia López Rabadán, presidenta de San Lázaro, instó a la “búsqueda de acuerdos” ante los reflectores internacionales. “En relación con las movilizaciones anunciadas por diversos grupos sociales, hago un llamado a todas las partes involucradas para privilegiar el diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de acuerdos”, señaló la diputada panista en conferencia de prensa. PUBLICIDAD México debe enviar un mensaje de manera internacional La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseguró que el país debe enviar un mensaje que refleje la construcción de soluciones ante las demandas que el día de hoy buscan manifestarse en el contexto del Mundial: “En un momento en el que México es observado por la comunidad internacional, debemos enviar un mensaje absolutamente claro: somos un país con instituciones, con vocación democrática y con capacidad para resolver las diferencias por la vía política y por la vía pacífica”.

PUBLICIDAD López Rabadán reiteró que su llamado está dirigido a todas las partes involucradas, para llegar a soluciones que prestigien al país. Bloqueo de CNTE colapsó Calzada de Tlalpan Este martes los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación endurecieron su protesta intentando llegar al Estadio Azteca, acción que no fue posible por la presencia de policías y la colocación de bloques de concreto. PUBLICIDAD Al menos unos 6 mil maestros arribaron al Coloso de Santa Úrsula donde realizaron un mitin y evitando la confrontación con el cuerpo policiaco del estado regresaron al Zócalo, para integrarse al plantón que mantienen desde el 1 de junio.

¿Qué ofrece el estado a los maestros de la CNTE? El gobierno federal presentó dos propuestas concretas en el marco del diálogo con la Coordinadora: la desaparición de la USICAMM y la creación de una aseguradora pública para blindar las pensiones del magisterio. PUBLICIDAD La ruta para eliminar la USICAMM El secretario de Educación, Mario Delgado, presentó el 3 de junio un calendario para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, organismo que decide sobre admisión, promoción, reconocimiento y cambios de adscripción del magisterio.

La CNTE exige su desaparición por las fallas del sistema digital, el retraso en el otorgamiento de plazas y los criterios confusos que aplica. PUBLICIDAD El proceso arrancaría el 15 de junio con la instalación de una mesa plural. Del 16 de junio al 20 de julio se realizará un diagnóstico del sistema educativo que abarca el marco jurídico previo a la reforma de 2013, los artículos 3° y 123 Apartado B constitucionales, derechos laborales y mecanismos de promoción, ingreso, ascenso, escalafón, transparencia y formación continua.

Del 21 de julio al 17 de agosto se elaborará el proyecto de iniciativa. Del 18 al 31 de agosto habrá una consulta democrática al magisterio. El 14 de septiembre se presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

La aseguradora pública para las pensiones En la tercera mesa de diálogo, el director general del ISSSTE, Martí Batres, expuso la complejidad de abrogar de forma total la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón. Estimó que hacerlo requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, “la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”. PUBLICIDAD Ante esa restricción, el gobierno propuso la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, que operaría de forma coordinada con PENSIONISSSTE.

Batres la presentó como la propuesta “más relevante”, dado que actualmente no existe ningún organismo con funciones exclusivas en la administración y entrega mensual de pensiones a personas retiradas. La combinación de PENSIONISSSTE y la nueva aseguradora pública garantizaría, según Batres, que un trabajador al servicio del Estado que elija estas opciones “nunca aportaría un solo peso a ningún banco y a ninguna institución privada”. Batres recordó además que en el sexenio anterior se limitaron las comisiones excesivas de las Afores: se calcula que 175,000 millones de pesos que se cobrarían hasta 2030 se quedaron en las cuentas de los trabajadores.

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