Pocas veces como en los últimos días la justicia argentina exhibe sus enormes contradicciones que, al mismo tiempo, mantienen una lógica de hierro. No necesariamente apegada al derecho o a la imparcialidad, sino a los vientos políticos. Dos causas emblemáticas en la actual agenda mediática, desde donde además se suele tomar partido, exponen con crudeza esta práctica: la investigación de la estafa $LIBRA y el juicio por los Cuadernos de las Coimas. “No todo es lo mismo”, alertarían los inconstantes devotos del (falso) republicanismo, con una maestría en doble vara.

La obviedad de la consideración es tal que hay que evitar la tentación de refutarla. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner declaró el martes en el proceso oral y público de la causa Cuadernos, en la que está acusada de ser jefa de una asociación ilícita. Sus argumentos son conocidos y reiterativos, en éste y otros expedientes, como el que la llevó a la condena, prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Sucintamente, la dos veces presidenta y una vez vicepresidenta -además de “abogada exitosa”, como se autopercibió en cierta ocasión- sostiene que nunca hay pruebas en su contra y sólo se trata de una persecución judicial por sus posturas políticas y sus acciones como gobernante. El tan meneado lawfare. En sus diatribas habituales hacia la justicia, CFK omite de manera conveniente los favores que recibieron desde ese poder del Estado ella y su marido, cuando ambos estuvieron al mando del país durante doce años.

De hecho, inicialmente apenas un puñado de opositores (donde se destacaba Elisa Carrió) y medios (PERFIL y Noticias entre ellos) se hacían eco de esas denuncias. La máxima expresión de la domesticación judicial ante los Kirchner fue alcanzada por los reiterados sobreseimientos ante la multiplicación patrimonial familiar constante. Y la de sus allegados, como los casos de humildes secretarios privados devenidos en millonarios.

Varios de estos trucos fueron revelados por el propio contador de la ex pareja presidencial. Casualmente, o no, uno de los muchos que habilitaron en aquel tiempo la impunidad de los Kirchner, al dejar caer las causas por enriquecimiento ilícito, fue el fiscal federal Eduardo Taiano. Sí, el mismo que con suma lentitud instruye -es una forma de decir- el caso $LIBRA.

Como ya se ha contado aquí en días recientes, Taiano se ha tomado tiempo para pedir pruebas en una estafa con una criptomoneda que fue promocionada por Javier Gerardo Milei. Ahora trascendió que dicho fiscal lleva cuatro meses cajoneando un peritaje clave en el celular de uno de los involucrados, con acceso directo al Presidente y su hermanísima Karina, a través de innumerables llamados, contactos e ingresos a Casa Rosada y Olivos. Por las dudas hay que decirlo: Taiano no es el eslabón perdido de funcionarios judiciales que se acomodan a los tiempos políticos, para perdurar, ascender o enriquecerse (espiritualmente, se entiende).

Apenas es un ejemplo entre tantos. A sabiendas de cómo funciona este sistema, los Milei acaban de incorporar como ministro a Juan Mahiques, un representante genuino de la familia judicial, literalmente. Mahiques no tuvo empacho en plantear la estrategia de defensa de Milei para $LIBRA, como si fuera el abogado del Presidente en vez de ministro de Justicia.

¿Asume que lo designaron con ese propósito? En algunas entrevistas, el funcionario apuntó a la posible nulidad de los peritajes que complican aún más a Milei y su hermanísima, por el presunto cobro de dinero por promover el token. Mahiques tiene experiencia en nulidades.

Una de ellas le permitió zafar a él y a otros jueces y fiscales de la causa de Lago Escondido, donde se indagaban dádivas y posibles incompatibilidades de funcionarios públicos con el sector privado. Acaso Mahiques y su extendida red de influencias le permita a los Milei saltear sus problemas judiciales. Al menos, mientras tengan poder.

CFK les muestra que nada es para siempre. ff