La exprocuradora Alejandra Gils Carbó negó haber direccionado la licitación para alquilar el edificio de la calle Perón y aseguró que desconocía el vínculo entre Guillermo Bellingi, funcionario de la Procuración, y Juan Carlos Thill, quien habría intervenido como intermediario. La exjefa de los fiscales abrió la ronda de indagatorias del debate que se le sigue por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública junto a otras 3 personas y defendió el procedimiento, cuestionó la alternativa del edificio de la calle Alsina y rechazó haber impartido instrucciones para favorecer a una empresa. Al comienzo de la audiencia donde estuvo presente MDZ, la presidenta del tribunal, Gabriela López Iñiguez, le informó sobre los derechos que le asistían para prestar declaración indagatoria.

Gils Carbó pidió que se incorporaran por lectura la declaración que había realizado durante la instrucción de la causa y el escrito que había presentado entonces. También solicitó permiso para leerlos, a lo que la jueza dio su conformidad. “No voy a declarar hoy porque hice una buena declaración en la oportunidad de la instrucción, entonces voy a solicitar que se incorpore esa declaración por lectura y el escrito que acompañamos ese día y, además, voy a solicitar que se me permita leerla”, manifestó. Gils Carbó aseguró que desconocía la relación entre Guillermo Bellingi, funcionario del organismo, y Juan Carlos Thill, su medio hermano, señalado como intermediario en la operación inmobiliaria. “Niego los hechos que se me atribuyen; niego que sucedieran como se explica”, afirmó al comenzar su descargo.

Según sostuvo, el vínculo entre ambos hombres se mantuvo oculto y no pudo ser advertido durante el procedimiento administrativo. También negó haber impartido instrucciones para orientar las condiciones de la licitación en beneficio de una empresa determinada. La exprocuradora basó su defensa en la intervención de las distintas áreas técnicas y administrativas de la Procuración.

Aseguró que más de veinte funcionarios participaron del procedimiento, entre ellos integrantes de Administración, Logística, Arquitectura, Planificación Edilicia, Contrataciones e Informática. También destacó el trabajo de la comisión de preadjudicación, la Asesoría Jurídica y la Auditoría Interna, además de la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según su versión, el expediente no contenía elementos que permitieran advertir un direccionamiento.

Sostuvo que se limitó a aprobar las propuestas que los funcionarios de carrera elaboraron y que la Asesoría Jurídica consideró correctas. Para explicar el origen de la operación, Gils Carbó se remontó a 2011, cuando su antecesor, Esteban Righi, había impulsado una licitación para adquirir un inmueble destinado a ampliar las oficinas administrativas. Ese procedimiento fracasó y, de acuerdo con su relato, se había previsto una partida presupuestaria de 30 millones de pesos para concretar la compra durante 2012.

Cuando asumió como procuradora general, el 30 de agosto de ese año, ya existía un expediente en trámite para adquirir un edificio. La primera licitación convocada bajo su gestión también quedó desierta: uno de los inmuebles ofrecidos resultaba insuficiente y el otro tenía un precio de 50 millones de pesos, por encima del presupuesto disponible. Ante ese resultado, la Secretaría General de Administración, a cargo de Blas Héctor Zurita, abrió un nuevo procedimiento y propuso flexibilizar algunas condiciones del pliego para ampliar la cantidad de posibles oferentes.

Entre los cambios se contempló la posibilidad de adquirir uno o dos inmuebles, incluso de empresas diferentes y sin que fueran contiguos. Gils Carbó sostuvo que esas modificaciones respondían a una práctica habitual de la administración pública para evitar que una licitación fracasara por falta de propuestas adecuadas. También explicó que las áreas técnicas intensificaron la difusión del llamado y contactaron a inmobiliarias para conocer la oferta disponible en el mercado.

En ese contexto, la funcionaria relató que visitó distintos edificios después de recibir informes que advertían sobre el riesgo de que el procedimiento volviera a quedar desierto. Uno de ellos estaba ubicado en la calle Alsina y había sido preadjudicado en diciembre de 2012. Sin embargo, aseguró que no lo consideraba apropiado para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal porque era compartido con otras tres empresas, carecía de un acceso institucional exclusivo y no permitía garantizar condiciones adecuadas de seguridad ni controlar el ingreso del personal.

La exprocuradora afirmó que tampoco existieron demoras injustificadas para dejar caer esa operación. Según explicó, los plazos para impugnar la preadjudicación se extendían hasta enero de 2013, mientras que la partida presupuestaria original vencía al finalizar 2012. Por ese motivo, y tras consultar con la Asesoría Jurídica, decidió cerrar el expediente sin adjudicar el inmueble.

En paralelo, la exfuncionaria dijo haber iniciado gestiones ante el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para trasladar los fondos al ejercicio siguiente y obtener un refuerzo presupuestario. De acuerdo con su declaración, la partida fue prorrogada y recibió otros diez millones de pesos, que elevaron a 40 millones el presupuesto disponible para la compra. Gils Carbó vinculó esa decisión con su proyecto de reorganización del Ministerio Público Fiscal.

Explicó que buscaba concentrar en una misma sede a las procuradurías especializadas y facilitar el trabajo coordinado entre fiscales de distintas jurisdicciones. Entre sus objetivos mencionó el fortalecimiento de las investigaciones sobre criminalidad económica, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y violencia institucional. La nueva licitación se convocó en 2013 y recibió cinco ofertas, según el detalle que presentó en su descargo.

Dos inmuebles fueron descartados por superar las tasaciones oficiales. Entre las propuestas que continuaron en evaluación quedaron el edificio de la calle Perón y otro ubicado en Suipacha. Según los números que expuso, el inmueble de Perón tenía 5.312 metros cuadrados y una oferta de 43.850.000 pesos, frente a una tasación oficial de 45.050.000 pesos.

El edificio de Suipacha, en cambio, tenía 2.536 metros cuadrados y una oferta de 38.590.000 pesos, con una tasación de 39 millones. Para la exprocuradora, esa diferencia demostraba que la elección de Perón respondía a criterios objetivos: ofrecía más del doble de superficie por un valor por metro cuadrado considerablemente menor. Además, sostuvo que los puntajes asignados a características como cocheras, auditorio y espacio para archivos de seguridad no eran requisitos excluyentes y que los inmuebles que continuaron en carrera habían obtenido la máxima puntuación en esos rubros.

También rechazó que la inclusión de esas condiciones hubiera buscado beneficiar al oferente finalmente elegido. Argumentó que la existencia de cocheras, espacios para reuniones y áreas destinadas al resguardo de documentación resultaba compatible con las necesidades de una institución que debía alojar fiscalías y equipos especializados. Uno de los puntos centrales de su descargo fue el papel de Bellingi en el procedimiento.

Gils Carbó explicó que lo había incorporado a la Procuración por sus antecedentes en contrataciones públicas y transparencia, con el objetivo inicial de mejorar los circuitos administrativos y colaborar en la elaboración de un nuevo reglamento de contrataciones. Según afirmó, nunca le encomendó coordinar la licitación del edificio de Perón ni le impartió instrucciones específicas para favorecer a un oferente. Describió el vínculo entre ambos como distante y sostuvo que las referencias a su dependencia directa en las resoluciones administrativas respondían a una cuestión de organización interna, no a una relación de confianza personal.

La exprocuradora también negó haber participado de las comunicaciones electrónicas entre las áreas que intervenían en la compra. Dijo que recibía información sobre los avances del trámite principalmente de Zurita y de Johana Cristallo, y que no conocía las relaciones personales o comerciales que pudieran existir entre los funcionarios y los intermediarios. Por otra parte, relató que se enteró de la existencia de Thill a partir de información sobre una investigación periodística que advertía sobre el posible cobro de una comisión indebida en la operación.

Según su reconstrucción, Cristallo consultó a Bellingi si había intervenido otra persona además de la inmobiliaria y el funcionario reconoció entonces que Thill era su medio hermano. Gils Carbó sostuvo que, una vez conocida esa relación, dispuso la suspensión de Bellingi y la apertura de un procedimiento disciplinario. Afirmó que la revelación le produjo una fuerte decepción porque, hasta entonces, consideraba que la compra había sido un resultado exitoso de la gestión administrativa. “Si sacamos el negocio oculto de Thill y Bellingi, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite”, sostuvo.

En esa línea, negó que hubiera existido un perjuicio para la Procuración, afirmó que el organismo no pagó una comisión y rechazó haber participado de un acuerdo para distribuir los fondos que habría cobrado el intermediario. La exprocuradora también calificó de “risible” la hipótesis de que hubiera recibido parte de ese dinero y aludió a su trayectoria en la Justicia Comercial y a su situación patrimonial para cuestionar esa posibilidad. Finalmente, Alejandra Gils Carbó concluyó que la compra se realizó a partir de evaluaciones técnicas, controles administrativos y la intervención de distintos funcionarios, y que el edificio seleccionado respondía a las necesidades institucionales del Ministerio Público Fiscal.