El juicio por jurados que investiga el transfemicidio de Azul Semeñenko tuvo este miércoles su cuarta audiencia con una jornada clave, marcada por revelaciones periciales determinantes y testimonios que expusieron la cruda realidad de vulnerabilidad que atraviesa el colectivo trans en la región. Durante la sesión declararon tres testigos propuestos por la acusación: la secretaria de Mujeres y Diversidad de Neuquén, Lorena Barabini; una testigo con identidad reservada y la licenciada en criminalística del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, Julia Villalba, cuyo informe técnico aportó evidencia crucial sobre la escena del crimen. Exclusión, temor y la realidad del trabajo sexual La jornada abrió con la declaración de Lorena Barabini, trabajadora social y titular de la Secretaría de Mujeres y Diversidad del Gobierno provincial. En su exposición ante el jurado popular, la funcionaria detalló el funcionamiento del Complejo Costa Limay —un espacio de 12 departamentos destinado a brindar condiciones de habitabilidad a mujeres trans en situación de alta vulnerabilidad— y explicó el abordaje estatal frente a las barreras sistemáticas que este sector enfrenta para acceder al empleo formal y al sistema de salud. Barabini advirtió sobre la existencia de una «naturalización de la violencia» que rodea a quienes ejercen la prostitución como única alternativa de subsistencia. Asimismo, reveló que existe un marcado «temor» entre varias mujeres trans al momento de declarar en la causa, dado que continúan ejerciendo el trabajo sexual en la ciudad. Ante las preguntas del fiscal jefe Agustín García, la funcionaria mencionó además que dentro del complejo circulaban comentarios que señalaban a Roberto Daniel Sánchez como una persona «conocida» en el entorno. Posteriormente prestó declaración una testigo reservada, cuya identidad y datos filiatorios se mantuvieron bajo estricto resguardo por orden de la Justicia. La prueba científica: «En este lugar se cometió un crimen» El tramo más impactante de la audiencia estuvo a cargo de la licenciada en criminalística Julia Villalba, integrante del Cuerpo Forense judicial, quien detalló el exhaustivo relevamiento realizado en el inmueble del imputado, ubicado en la calle Copahue al 1100. Villalba precisó que el operativo derivó en la recolección de 1.145 imágenes integradas al expediente y explicó la división de la propiedad en sectores. El inmueble consta de dos plantas: una planta baja donde funcionaba la gomería de Sánchez y un nivel superior destinado a su vivienda personal. Según el informe técnico presentado ante el tribunal en la gomería y el patio había neumáticos descartados, los peritos hallaron una caja con fundas de almohada manchadas de sangre. También se secuestró alambre de atar grueso y un pantalón con rastros hemáticos sometidos a cotejo. En otro sector se detectaron proyecciones de sangre en un televisor —compatibles con una lesión sufrida por una persona erguida— y manchas hemáticas sobre una estructura de fibra de vidrio en la escalera que conecta ambas plantas. Dos de los hallazgos más relevantes se dieron en la planta alta. Allí se incautó una navaja tipo sevillana de 19 centímetros y, colgado en la pared, un machete encavado de 52 centímetros de hoja que presentaba una gota de sangre en la punta. En el «Sector F» correspondiente a la habitación del imputado se hallaron prendas íntimas, teléfonos celulares, bisutería femenina y sábanas. La perito confirmó el hallazgo de sangre lavada sobre muebles, colchones y un espejo, así como muestras positivas de sangre humana en la ducha y la pileta del baño. El cierre del testimonio de la especialista dejó una de las frases más contundentes del debate. Al ser consultada directamente por el fiscal García sobre si la evidencia física permitía sostener que en la vivienda se había perpetrado un homicidio, Villalba fue categórica: “En este lugar se cometió un crimen en la habitación”.