Uno de los tramos de la causa Cuadernos que juzga el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), es conocido como la “camarita”, un esquema institucionalizado de cartelización y cobro de retornos en la obra pública civil y vial. En este entramado el financista Ernesto Clarens cumplió un rol central y una vez más, este martes fue mencionado por un empresario. Su firma llegó a tener retrasos de hasta 200 días en los pagos de certificación de obras realizadas, y su hermano le comentó que “debíamos estar en la Camarita y que teníamos que poner la que hay que poner y se destraban los pagos”.

La empresa Mapal con sede en San Juan, decidió no pagar coimas. “Casi quebramos por esa decisión”, contó. La “camarita”, es el tramo conexo al expediente que desentrañó un circuito de sobornos que empresarios contratistas del Estado pagaban a integrantes del ministerio de Planificación Federal kirchnerista. A la cabeza de esa organización criminal, señalada como jefa de la asociación ilícita y la recepción de 204 coimas, se encuentra Cristina Kirchner.

La cartelización de la obra pública civil y vial cuenta con 51 personas procesadas, de un total de 126 imputados investigados en esta derivación. Y en este tramo específico, a la ex Presidenta se le adjudican 191 hechos de cohecho pasivo, vinculados a los contratos viales. Según la confesión del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y las planillas de recaudación atribuidas al financista Ernesto Clarens, el esquema exigía a las empresas contratistas el pago de un 10% de retorno sobre el valor total de los contratos de obra pública.

En los casos donde la licitación contemplaba un anticipo financiero del 20% del valor total de la obra, se le exigía a la contratista la entrega inmediata de la mitad del anticipo (10%) en un pago único. Si el anticipo estipulado en los pliegos era del 10%, la devolución del porcentaje pactado se concretaba en cuotas o contra la liberación de los certificados de obra. Según la declaración del exsecretario de Obras Públicas, José López, cuando no había anticipo financiero, el retorno rondaba entre el 3% y el 5% contra certificación de avance.

Las licitaciones viales eran asignadas de antemano entre un grupo de cuatro empresas principales que fijaban los precios, y la diferencia del presupuesto sobrante se repartía en forma proporcional entre el resto de las firmas socias de la Cámara que cumplían con el pago del canon ilegal estipulado. En ese contexto, declaró ante el TOF 7 -integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli-, el empresario Fernando Palluchini, bajo juramento de decir verdad, en su carácter de testigo y solicitado por la fiscal general Fabiana León. En 2018, cuando se dio comienzo a la investigación, el empresario estuvo imputado por figurar en un listado de empresas responsables de pagar sobornos. “Yo llevé todos los balances en su momento ante la justicia para mostrar lo que nos ocurrió por no pagar lo que nos pedían”, señaló.

Terminó sobreseído con el avance de la pesquisa y por ese motivo su declaración se escuchó dentro de esta instancia de declaraciones testimoniales. Contó lo que ocurrió cuando el juez Claudio Bonadio lo citó a declarar: “Por un listado que arrimó un señor (Ernesto) Clarens, aparecía un ranking de empresas y figurábamos ahí, pero logramos demostrare que no teníamos nada que ver”. Al momento de contar la situación de la compañía sanjuanina, relató que “llegamos a estar 200 días sin cobrar los certificados de obras realizadas".

Esa situación se contraponía con la información que recibió la empresa: “Había otras compañías que habían cobrado, entendimos qué estaba en juego”, al referirse a esa situación tan disímil. Ante la consulta de la fiscal León, el testigo Palluchini consignó lo siguiente: “Si uno integraba la camarita y aportaba el dinero que ellos pedían, que era un retorno, te agilizaban el pago de certificado”. En un momento el comentario que llegó a la empresa, necesario para percibir el dinero correspondiente a los certificados de obras retrasados, le respondieron: “te tenés que poner con lo que hay que poner y así se destraba”.

Ese circuito incluía a Ernesto Clarens, que era el encargado de cambiar las coimas de pesos a los dólares que querían Néstor y Cristina Kirchner. Ahogado económicamente por no poder cobrar por su trabajo, Palluchini fue a la Dirección Nacional de Vialidad. “Esperé como dos horas: no doy más, tengo 200 días de mora, debo pagar quincenas, proveedores de todo. Pero en Vialidad sólo nos decían que ya iban a ver la situación”.

Después reclamaron por la vía judicial porque no obtuvieron respuestas por la vía administrativa. Brindó más detalles al respecto y contó que su hermano y socio de la empresa contaba con información respecto al financista K Clarens, que “era la persona que podía destrabar pagos”. El mensaje que les llegó fue: “La forma de cobrarlo es que te pongas con lo que hay que poner, y así se destraba”.

Sin embargo, aún pese a la situación financiera que afrontaba producto del retraso del pago de los certificados de obra, “nunca pusimos un centavo de lo que había que poner y así nos fue. Casi nos fundimos, casi quebramos porque entregar obras a tiempo y no poder cobrarlas es muy difícil. No estábamos jugando en ninguna camarita para hacer estos pagos.

Eran las opciones que nos daban como empresarios ahorcados quienes no nos estaban pagando y no nos pensaban pagar”. Palluchini contó que la compañía logró salir de la crítica situación financiera “gracias a las otras empresas” del grupo que integraba. “Llevamos a la justicia los balances, la situación económica de la empresa, llegamos a una situación en la que no podíamos pagar a los bancos los créditos que nos habían dado”. Sobre la firma