Mientras se define la fecha para volver a discutir si quienes cometieron la estafa con planes sociales en Neuquén formaron una asociación ilícita, en un juzgado procesal administrativo avanza otro expediente iniciado por la fiscalía de Estado con el objetivo de recuperar el dinero sustraído por los imputados. Esta demanda contra 17 involucrados en la maniobra, casi todos condenados en el juicio penal, pretende recuperar los 153.377.900 pesos (a valores históricos) que, se estima, fue el monto de la defraudación al Estado neuquino. «El daño causado por la conducta de los agentes, funcionarios públicos y particulares que participaron de las maniobras afectó el patrimonio colectivo estatal destinado para satisfacer necesidades sociales de personas en estado de vulnerabilidad«, dice la presentación que firma el fiscal de Estado Raúl Gaitán ante el juez procesal administrativo José Carlos Pusterla. «El destino de la indemnización tiene por objeto recomponer dicho patrimonio para cumplir con el social previsto por la Ley«, añade. Gaitán argumenta que «es claro que el derecho a obtener la reparación plena del daño al Estado por delitos de corrupción de funcionarios públicos está protegido por el sistema interamericano de derechos humanos». Los demandados En la demanda original figuran Orlando Abel Di Luca; Tomás Siegenthaler; Ricardo Nicolás Soiza Curbelo; Pablo Néstor Sanz; Marcos Ariel Osuna; Luis María Gallo; Laura Carolina Reznik; Julieta Mariana Oviedo; Julio Norberto Arteaga; Rodolfo Andrés López; Valeria Honorio; Isabel Montoya; Aaron Escobar; Marines Elizabeth Huaquipan; Ariel Oscar Krom; Omar Rodríguez Quezada; Alfredo Andrés Cury. Se señala que «los fondos cuya finalidad original era asistir a ciudadanos provinciales que se encontraban en estado de vulnerabilidad económica fueron desviados y retirados y/o percibidos por personal que formaba parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, y terceros que indirectamente se beneficiaron de dichas sumas». «Era imposible que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que tramitaban los expedientes no conocieran la maniobra porque las graves irregularidades se daban en cada uno de los meses en los que se tramitaban los pagos de los subsidios», añade. ¿Convocarán al MPN? La fiscalía de Estado no se opuso a que citen al MPN como parte en el juicio. Como informó diario RÍO NEGRO, el abogado de una de las personas condenadas por la estafa con planes sociales pidió que se convoque al partido. «Claramente se puede apreciar que el sistema de defraudación al Estado cuya devolución del dinero se pretende, beneficiaba solamente al partido Movimiento Popular Neuquino , y así lo sostuvieron los jueces que juzgaron el delito», planteó el abogado Carlos Fernández en un escrito que también lleva la firma de Santiago Alberto Fernández Mazzante. En su respuesta a este pedido la fiscalía de Esstado dijo que «a fin de evitar controversias incidentales que puedan entorpecer el avance del proceso, esta parte no formulará oposición formal a la citación pretendida. No obstante ello, corresponde dejar expresamente establecido que la citación pretendida resulta improcedente desde el punto de vista estrictamente jurídico y procesal«. El juez Pusterla tendrá la última palabra. En el fuero penal se fijó el 27 de julio como fecha de comienzo de los alegatos ante el Tribunal de Impugnación, con posible finalización el 12 de agosto. Allí se discutirá otra vez si el grupo que cometió la defraudación formó parte de una asociación ilícita -como sostienen el gobierno provincial y la fiscalia- o no está probado -como dijeron los jueces en el fallo. La situación de Arteaga Julio Arteaga era el auditor del programa «subsidio para la desocupación laboral», y de acuerdo con la acusación de la fiscalía su participación fue clave para concretar la maniobra. No fue llevado a juicio junto con el resto de los imputados por razones de salud, pero es uno de los demandados para que devuelvan el dinero. «Este funcionario recibía los expedientes administrativos y en forma automática los aprobaba sin observaciones«, señaló la fiscalía de Estado. Además, el contador «recibía cheques del programa endosados por beneficiarios irregulares, por lo que se beneficiaba en forma personal con la maniobra». Algunos fueron donados al club Pacífico. Arteaga dijo en su descargo que «no cobré ni libré ninguno de los cheques» y que del relevamiento de correos electrónicos y entrecruzamiento de mensajes y llamadas entre los presuntos responsables de la asociación ilícita no surge ninguna comunicación con él. También dijo que durante la pandemia estuvo exento de concurrir a trabajar (el decreto es del 18 de marzo del 2020) y retornó el 20 de septiembre del 2021. Para hacer teletrabajo tuvo limitaciones de acceso al sistema. Informes «convalidados» «No obstante todos estos condicionamierntos, probablemente articulados por los autores de la maniobra (los imputados y los que no fueron imputados), me limité a controlar lo existente y pese a todo se hicieron observaciones, recomendaciones y salvedades en todos los informes», dijo Arteaga. De todos modos, aclaró que «todos los informes e incluso mi desempeño personal como auditor» fueron «convalidados por la contadora General de la Provincia, Esther Felipa Ruiz y firmados de manera conjunta con la Sub contadora general, Vanina Barrionuevo». Mientras se define la fecha para volver a discutir si quienes cometieron la estafa con planes sociales en Neuquén formaron una asociación ilícita, en un juzgado procesal administrativo avanza otro expediente iniciado por la fiscalía de Estado con el objetivo de recuperar el dinero sustraído por los imputados.