Luego de haber sido beneficiado por un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de justicia del Banco Mundial, una empresa originaria de Francia volvió a insistir ante el organismo internacional para cobrar más de u$s40 millones, en una causa que involucra al gobierno de Mendoza. La estatización de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) se formalizó en 2010 tras la intervención que definió el gobierno provincial en 2009 al considerar que existía crisis en la provisión del servicio, revirtiendo así la medida que había ocurrido una década antes. El conflicto entre ambas partes se remontaba al 2001, cuando la administración mendocina había dispuesto el congelamiento de tarifas.

A partir de allí inició un extenso proceso de litigio entre la compañía francesa de agua Saur International y la gestión distrital. Finalmente, en septiembre del 2014 -y pese a que el gobierno de Mendoza había rescindido el contrato- una sentencia del CIADI resolvió condenar al Gobierno nacional por un monto de u$s39.990.111, más costas (u$s686.500) y gastos de defensa (u$s1,5 millones). El tribunal internacional consideró que la gestión estatal recayó en la "violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (APPRI)”.

Sin embargo, la compañía aún no pudo recibir esa millonaria suma, que corresponde solo a una participación minoritaria e indirecta de OSM, en torno al 32,09% del paquete accionaria. Es por eso que acudió a la Corte de Washington, remontándose al fallo del CIADI del 2014, en donde el tribunal internacional entendió que la expropiación estuvo marcada por un “trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur” y que la suma “es una cifra a todas luces razonable, teniendo en cuenta que es algo más de la mitad de lo que invirtió 15 años atrás”. El rol del CIADI en YPF El CIADI suele ser elegido como tribunal internacional de arbitraje entre Estados y empresas entran en conflicto por contratos.

Detrás de Venezuela, la Argentina es el segundo país con más casos en los que se involucra este organismo. Fueron 65 en total, entre los que aparecen compañías energéticas (19), financieras (11), de agua corriente (10), de construcción y de minería. La perfomance nacional ante esta instancia es desfavorable: en el 86% de los casos, los fallos desfavorecieron al Estado argentino.

Actualmente, llegar a este tribunal representa una de las estrategias de los demandantes involucrados en el caso de YPF. Esta estrategia podría activarse antes de lo esperado, lo que introduciría una dinámica paralela al proceso en Estados Unidos y agregaría un nuevo nivel de complejidad al caso, ya que implicaría trasladar la disputa a un ámbito de arbitraje internacional, donde los tiempos y criterios difieren de los tribunales estadounidenses.