En casi 30 años de funcionamiento, el Consejo de la Magistratura de la Nación recibió 5.170 denuncias, pero solo 64 (1,3%) de las 4.910 que se cerraron terminaron con la sanción o remoción de magistrados y magistradas. Hay 260 que continúan en trámite. Y de las 64 mencionadas, 43 corresponden a sanciones como multas y apercibimientos (67,19%) y 21 a remociones (32,81%).

En el último año, el Consejo removió al juez federal de Mar del Plata Alfredo López, por sus publicaciones en redes sociales en contra de la comunidad judía. También llegó hasta la instancia de jury el magistrado Pablo Díaz Lacava, acusado de maltrato laboral, pero en su caso el Jurado de Enjuiciamiento consideró por unanimidad que los hechos denunciados no tenían la gravedad suficiente para removerlo de su cargo. En tanto, el juez federal de Rosario Gastón Salmain espera el inicio de un jury en su contra: lo acusan de firmar fallos a cambio de coimas.

El dato surge del informe ¿Justicia intocable? que elaboró la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto a la organización Justa. La investigación abarcó los 27 años del funcionamiento del Consejo de la Magistratura: desde 1999 hasta agosto de 2026. En el comunicado que difundió ACIJ, al que tuvo acceso PERFIL, la organización subrayó que en la Argentina “los jueces y juezas sólo pueden ser removidos de sus cargos por mal desempeño de sus funciones o por comisión de delitos.

Esa garantía, establecida en la Constitución Nacional, busca evitar que sean desplazados por las decisiones que toman o perseguidos por razones políticas”. Esta semana, la jueza porteña Laura De Marinis fue duramente cuestionada por distintos sectores por haber declarado inconstitucional el Régimen Penal Juvenil para el caso de un adolescente de 14 años que intentó robar un teléfono celular. El Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, presentó un pedido de juicio político contra la magistrada y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que la sentencia estaba “manchada de sangre”. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia”, dijo el alcalde de la Ciudad.

En el expediente en el que se pronunció De Marinis el robo no llegó a concretarse ni hubo damnificados. En esa misma línea, el 7 de septiembre la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, también había suspendido la aplicación del Régimen Penal Juvenil para la provincia de Buenos Aires por 60 días pero la Cámara revocó esa decisión. La magistrada Pascual fue duramente criticada por su fallo.

En el documento al que tuvo acceso PERFIL, ACIJ planteó que “el hecho de que menos de 2 de cada 100 magistradas o magistrados denunciados hayan sido sancionados o destituidos genera interrogantes sobre la eficacia de estos procesos. Los problemas que exhiben hoy los mecanismos disciplinarios son múltiples: su opacidad impide que la ciudadanía controle el curso de las investigaciones, el bloqueo a la participación de quienes hacen las denuncias en esas instancias los priva de impulsar el avance de las causas y la arbitrariedad en la selección de quienes investigarán las denuncias puede determinar el éxito de un proceso o su fracaso”. Y añadió que 469 denuncias caducaron por el mero paso del tiempo, es decir que quedaron sin investigar.