La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) presentó el pasado miércoles 27 de mayo un pedido formal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia de Córdoba. El objetivo de la presentación es que el máximo tribunal gestione ante la Municipalidad la exención del pago del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado para todo el personal judicial en las zonas aledañas a las dependencias provinciales. Según el gremio, la Ordenanza Municipal N° 13.645, que pone en marcha este sistema, afecta directamente las inmediaciones de los edificios judiciales, incluido el Polo Judicial, sin haber contemplado tarifas preferenciales para los trabajadores que deben asistir de forma presencial.

AGEPJ sostiene que el cobro del estacionamiento representa una carga económica adicional que reduce el poder adquisitivo y se traduce en una «detracción patrimonial indirecta» de los salarios. En su reclamo, la asociación gremial destacó dos puntos críticos que agravan la situación: - Falta de infraestructura: La patronal no provee espacios de estacionamiento suficientes para el personal. - Transporte público: Se advierte una deficiencia en la conectividad del transporte público hacia el Polo Judicial, lo que obliga a muchos trabajadores a desplazarse en vehículos particulares. Además, el gremio alertó que esta medida no solo afecta a los empleados, sino también a las más de 3.000 personas (abogados, testigos, víctimas e imputados) que circulan diariamente por la zona.

La preocupación se extiende a la futura mudanza del Fuero de Familia al Polo Judicial, dado que este fuero atiende a personas en situación de vulnerabilidad que podrían verse obligadas a caminar largas distancias por zonas inseguras si no cuentan con opciones de transporte o estacionamiento accesibles. Las propuestas del gremio Ante este escenario, AGEPJ solicitó al TSJ que interceda para lograr: - Exención total para el personal judicial en los cuadrantes adyacentes a sus lugares de trabajo. - Franjas horarias liberadas o mayor tolerancia para ciudadanos citados y abogados litigantes. - Como alternativa, la implementación de una tarifa diferencial, bonificada o un abono mensual social acreditable mediante la credencial oficial. Finalmente, el gremio subrayó que asegurar el acceso económico y seguro a los tribunales es una responsabilidad institucional necesaria para garantizar la plena administración de justicia.

Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia no ha emitido una respuesta oficial ante este pedido.