Tras el respaldo de 18 congresos estatales a la reforma que pone límite a las llamadas “pensiones doradas”, jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) hicieron un llamado a los legisladores mexicanos a actuar con “sensibilidad y responsabilidad” en la elaboración de las leyes secundarias, al advertir riesgos de retroactividad, incertidumbre jurídica y vulneración de datos personales. En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, las Asociaciones de Jubilados de confianza de Pemex señalaron que cualquier modificación al sistema debe ampliar derechos y no debilitarlos, especialmente cuando se trata de beneficios ya otorgados. Los jubilados subrayaron que cambiar condiciones de retiro previamente establecidas implicaría afectar “derechos consolidados”, lo que iría en contra del principio constitucional de no retroactividad de la ley.

Asimismo, alertaron sobre una posible pérdida de certeza jurídica, al considerar que las reglas bajo las cuales los trabajadores construyeron su proyecto de vida no pueden modificarse de forma unilateral tras concluir su vida laboral. Además, advirtieron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente definidos rompe el principio de legalidad y deja a las personas en una situación de vulnerabilidad frente al poder público. “Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier otro sector”, expresaron. Acusan difusión de información falsa y uso indebido de datos Las asociaciones también acusaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de haber difundido, el pasado 13 de marzo, información “falsa” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”, incluyendo datos personales de jubilados.

Según denunciaron, esta situación no solo generó desinformación, sino que también vulneró principios fundamentales de protección de datos personales, al exhibir identidades sin justificación. Cambios al artículo 127: tope a pensiones de servidores públicos El posicionamiento ocurre tras la aprobación en el Congreso de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que modifica el artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal. La medida contempla su aplicación en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

No obstante, excluye a las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las aportaciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva. Uno de los puntos más controvertidos es que, en sus artículos transitorios, la reforma prevé que pensiones ya otorgadas —y no excluidas— se ajusten al nuevo tope, lo que ha generado críticas por su posible efecto retroactivo. Aún en proceso de aprobación Este paso acerca el proyecto a su aprobación definitiva, ya que sólo falta que el Congreso de la Unión emita la declaratoria de constitucionalidad y posteriormente se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor oficialmente.

De acuerdo con los reportes legislativos, 16 congresos estatales avalaron la reforma por unanimidad, mientras que Baja California y Zacatecas la aprobaron por mayoría de votos. Con estos avales se superó el mínimo requerido de 17 legislaturas locales para modificar la Constitución. Entre las entidades que dieron su respaldo se encuentran: Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Colima, Puebla, Guerrero, Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, Baja California y Zacatecas, con lo que se superó el mínimo requerido para su validación constitucional.