El senador nacional José Mayans afirmó que la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo, y que ya obtuvo media sanción en la Cámara alta, es "absolutamente regresiva" e "inconstitucional". Según el legislador formoseño, el proyecto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales, lo que anticipa una inmediata judicialización por parte de los sectores afectados. En declaraciones a radio Splendid, el jefe del bloque opositor cuestionó el procedimiento parlamentario, al cual calificó de “improvisado” por las modificaciones de último momento realizadas para obtener el quórum. Para Mayans, se trata de “una ley de patrones para patrones” que degrada conquistas históricas del movimiento obrero argentino. Uno de los puntos más críticos señalados por el senador es el desfinanciamiento del sistema previsional mediante el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Al respecto, denunció que la normativa afecta directamente la sostenibilidad de la seguridad social: “Le sacan recursos a los jubilados para cubrir despidos”, sostuvo. Respecto al clima social, el legislador advirtió que la aprobación de la norma profundizará las tensiones en las provincias y en las calles. “Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable”, sentenció, vinculando la pérdida de derechos con un escenario de movilización permanente. La resistencia sindical y los movimientos sociales profundizan el clima de protesta La Confederación General del Trabajo (CGT) ya ratificó su rechazo total al proyecto y no descarta la convocatoria a un paro general si el tratamiento avanza sin consenso en la Cámara de Diputados. Las centrales obreras sostienen que la limitación del derecho de huelga y la ampliación de las jornadas laborales erosionan el bienestar de los trabajadores. En las últimas jornadas, las inmediaciones del Congreso fueron escenario de masivas manifestaciones que derivaron en choques con las fuerzas de seguridad. Organizaciones sociales y gremios mantienen el estado de alerta ante lo que consideran un intento de flexibilizar derechos fundamentales y precarizar el empleo formal. Mientras el oficialismo defiende la ley como una herramienta para reducir la informalidad y modernizar el mercado, la oposición insiste en que el texto solo beneficia al sector empresarial.