La Legislatura porteña se apresta a designar a los primeros jueces y fiscales del nuevo fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires. La oposición aportará los votos para alcanzar la mayoría requerida, en el marco de la sesión especial convocada para este martes. Con los nombramientos, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, podrá colgarse la añorada cucarda que el PRO persiguió desde sus inicios, en el marco del proceso de autonomía.

De acuerdo al documento de Labor Parlamentaria, la cita está prevista para las 14hs. Allí se tratarán y aprobarán los pliegos de los diez magistrados de primera instancia, los seis miembros de la Cámara de Apelaciones y los representantes del Ministerio Público Fiscal propuestos por el Consejo de la Magistratura de CABA en julio, que se encargarán de intervenir y resolver sobre los litigios laborales individuales que tengan base en la Capital Federal. A mitad de septiembre, los futuros miembros de la Justicia del Trabajo porteña tuvieron su paso por una audiencia pública convocada por la Junta de Ética y Acuerdos de la Legislatura, espacio que conduce el peronista Matías Lammens, y por la Comisión de Justicia, encabezada por la libertaria Solana Pelayo.

Los concursados defendieron su postulación en un acto que contó con la presencia del Fiscal General de CABA, Martín López Zavaleta; del secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana y del secretario administrativo del Poder Legislativo, Christian Gribaudo. El proceso avanzó sin sobresaltos: ningún candidato recibió impugnaciones. Los candidatos a jueces y fiscales de la Justicia del Trabajo de CABA Del proceso para cubrir las diez salas resultaron seleccionados María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.

Para la Cámara de Apelaciones figuran Diego Tula, Martín Furchi, Patricia Ceriani, Silvia Gutiérrez Garay, Gabriela Fernández y Horacio Pitrau. Los postulantes, que a partir de este martes quedarán confirmados como jueces de un fuero laboral porteño que aún está en construcción, tienen cercanía con sectores de la política -desde el PRO y el peronismo hasta la UCR- el sindicalismo, el ámbito académico y en la Justicia nacional. Por caso, Tula es magíster en Derecho del Trabajo y con vínculos políticos que orbitan entorno al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

El destacado jurista recientemente juró como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cargo al que eventualmente deberá renunciar para asumir en CABA. Furchi se desempeña como juez del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA y orbita el universo del peronista Juan Manuel Olmos, mientras Gutiérrez Garay fue abogada del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) que conduce el justicialista Víctor Santamaría. En el caso de Pitrau, ocupó cargos en el Ministerio de Trabajo durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, en tanto que Ceriani es una abogada con una extensa trayectoria como controladora de faltas del GCBA, ejerce la docencia y es afín al radicalismo de Daniel Angelici.

Gabriela Fernández proviene de la Justicia Nacional del Trabajo y se desempeñó como secretaria parlamentaria de la legisladora Graciela Ocaña. En cuanto a los representantes del Ministerio Público, Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla integrarán las dos Fiscalías de Primera Instancia, mientras que Germán Helvio Queipo será designado en la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones. A su vez, Federico Kaimakamian Carrau será efectivizado como asesor tutelar de Primera Instancia y Damián Natalio Ariel Corti cumplirá dicho rol ante la Cámara.

Los concursos estuvieron a cargo del Consejo de la Magistratura porteño, que luego pasó la posta a la Legislatura para dar el veredicto final. A diferencia de lo que ocurre en Nación, el Poder Ejecutivo porteño no interviene en el proceso de selección de los pliegos sino que esa función recae de manera exclusiva en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. En las filas de la oposición calificaron al proceso como "ordenado" y destacaron el rol del organismo judicial encargado de llevar adelante los concursos.

Además, remarcaron que, pese a las diferencias respecto a algunos nombres, hay acuerdo para avanzar con las designaciones. Así las cosas, se espera que el Palacio de la calle Perú de el visto bueno definitivo en la sesión convocada por la vicejefa, Clara Muzzio, en el marco de un acuerdo amplio del PRO con los libertarios, el peronismo y los radicales que tuvo su primer capítulo en la designación de la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, y los defensores adjuntos. Negociaciones por recursos y ampliación del fuero A fines de agosto, el PRO logró aprobar en la Legislatura -con votos de los libertarios, radicales y el larretismo- el convenio de traspaso de competencias firmado con Nación a principios de año, en lo que fue un nuevo respaldo a la agenda judicial del jefe de Gobierno con miras a poner en marcha el nuevo fuero.

El peronismo se abstuvo a la hora de votar la transferencia: por un lado destacaron la importancia en términos de autonomía, pero por otro cuestionaron la falta de claridad respecto del objetivo que perseguirá la futura Justicia del Trabajo. Mismo argumento expusieron a fines del 2024 cuando se trató y aprobó la ley 6.789 que dio paso a la construcción de la nueva estructura. De todas maneras, el bloque que representa a la primera minoría no inhabilitó la discusión en la Junta de Ética, espacio que preside a través de Lammens, sino que dio lugar al debate.

Este martes, a través del quorum, habilitarán el tratamiento en el recinto. La iniciativa condensa intereses de los amarillos pero también de la tropa libertaria, a raíz del impacto en el plano judicial del DNU 70, la Ley Bases y, principalmente, la Ley de Modernización Laboral que afectaron normas vinculadas al mundo del trabajo. El convenio no entrará en vigencia hasta tanto se suscriban acuerdos por los recursos.

Las negociaciones entre CABA y Nación para saldar diferencias respecto a los fondos avanzan a paso lento. Por el momento, en el Gobierno porteño calculan que, para poner en marcha el fuero en plenitud, deberían contar con unos $150.000 millones, cifra que surge del presupuesto nacional de la justicia laboral ordinaria para el corriente año. Inicialmente el nuevo fuero estará compuesto de diez juzgados de primera instancia y dos salas de la Cámara de Apelaciones, tal como fijó la ley aprobada por la Legislatura en 2024.

Pero Macri busca ampliarlo para crear una estructura espejo a la nacional, donde funcionan 80 juzgados y 10 salas. A ese número apunta a llegar el jefe de Gobierno mediante un proyecto que está bajo análisis en el Poder Legislativo. De todas maneras, en el Gobierno porteño prevén arrancar con 20 juzgados y luego llevarlo a 60.

La meta del Ejecutivo es echar a andar el nuevo fuero durante el primer trimestre del 2027 o a más tardar en abril.