Roberto Sánchez, el candidato presidencial izquierdista cerca de avanzar a la segunda vuelta en Perú, quiere reformar las reglas de la minería en el país, uno de los principales exportadores de cobre del mundo. Con la promesa de redistribuir la riqueza hacia las comunidades rurales, Sánchez, de 57 años, planea revisar los contratos tributarios con grandes empresas mineras, reescribir la Constitución y aumentar los impuestos para gravar las llamadas “sobreganancias” cuando los precios de los metales suben. También quiere eliminar gradualmente la minería a tajo abierto —el método con el que operan prácticamente todas las grandes minas del país—, al que responsabiliza por daños ambientales. “No queremos expropiar ni un centímetro de dólar ni de tierra a nadie, queremos expandir los beneficios, democratizando el acceso a las riquezas”, dijo Sánchez en una entrevista. “El Perú neocolonia se acabó”.

Sánchez mantiene actualmente una estrecha ventaja de apenas unos 17.000 votos sobre el populista de derecha Rafael López Aliaga para enfrentar a la conservadora Keiko Fujimori en una segunda vuelta el 7 de junio. Un tribunal electoral está revisando actas que representan hasta un millón de votos. Quien gane se convertirá en el décimo presidente de Perú en una etapa de extrema turbulencia, y no contará con mayoría en el Congreso, lo que podría dificultar cualquier importante reforma política.

El país es el tercer mayor productor de cobre del mundo y un proveedor clave de oro, plata y zinc, con la minería representando el 60% de sus exportaciones. Importantes mineras como Glencore Plc, Anglo American Plc, Freeport McMoRan Inc. y MMG Ltd operan ahí. Sánchez también dijo que revisará acuerdos de libre comercio y una serie de contratos relacionados con los campos de gas natural de Camisea, que abastecen la planta de licuefacción Perú LNG en la costa del Pacífico.

Entre los principales actores en Camisea figuran Pluspetrol SA y Shell. “Los estándares tienen que ser en beneficio de gente”, afirmó Sánchez en la entrevista en la sede de su partido en Lima. Se negó a decir quiénes son sus principales asesores económicos. Usar reservas internacionales Sánchez ha criticado al presidente del banco central de Perú, Julio Velarde, quien lleva unos 20 años en el cargo y es visto como una figura clave en aislar a la economía del país de la inestabilidad política.

Se negó a decir si propondría a Velarde para un quinto mandato, aunque señaló que se reuniría con él bajo la premisa de que “nadie es imprescindible”. Sin embargo, dio una señal de pragmatismo al destacar la importancia de preservar la autonomía de la institución y la estabilidad macroeconómica del país. Sánchez agregó que está considerando utilizar las reservas internacionales de Perú, cercanas a US$100.000 millones —equivalente a aproximadamente un tercio del producto interno bruto— para financiar gasto en salud, infraestructura y educación. “Se necesita una buena caja fiscal para la grandes transformaciones que queremos hacer”, dijo.

Sánchez afirmó que las necesidades del país le impedirían priorizar un controvertido plan para comprar nuevos aviones de combate. El actual presidente interino José María Balcázar ha señalado que la decisión corresponderá a la próxima administración. Balcázar pospuso la semana pasada una ceremonia de firma del contrato de hasta US$3.500 millones con Lockheed Martin Corp., lo cual generó malestar en EE.UU. Tras la controversia, los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de Perú renunciaron el miércoles.

Sánchez es actualmente legislador y fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno del destituido expresidente Pedro Castillo. Por su parte, Fujimori enfrentará su cuarta segunda vuelta consecutiva, tras haber perdido las tres anteriores. En general, la plataforma de Sánchez replica las promesas que llevaron a Castillo a la presidencia en 2021.

Esto genera inquietud entre inversionistas pero suscita apoyo en las regiones más pobres del país. Castillo fue destituido y arrestado a fines de 2022 tras intentar cerrar el Congreso y el poder judicial. Sánchez ha hecho campaña como heredero de Castillo, utilizando el mismo sombrero tradicional de la región de Cajamarca y prometiendo indultarlo en el primer día de un eventual gobierno.

Desde las elecciones del 12 de abril, el sol peruano ha sido la moneda de peor desempeño en América Latina, y analistas atribuyen esto principalmente al ascenso inesperado de Sánchez. Los bonos del gobierno peruano también se han rezagado frente a la mayoría de sus pares de mercados emergentes. Si resulta elegido, las ambiciosas reformas de Sánchez probablemente enfrentarán obstáculos, como el nuevo Congreso bicameral donde la izquierda estará en minoría frente a grupos conservadores.

Para reescribir la Constitución, por ejemplo, Sánchez propone derogar una ley que prohíbe convocar a una asamblea constituyente mediante referéndum. Pero para ello necesitaría apoyo conservador en el Congreso. De manera similar, aunque Castillo propuso grandes reformas durante su campaña presidencial, una vez en el poder no logró implementarlas.

Una eventual presidencia de Sánchez podría enfrentar la misma situación. El líder del partido Juntos por el Perú se ubica actualmente en segundo lugar en el conteo oficial con poco más del 94% de los votos escrutados. Pero con hasta un millón de votos cuestionados, su lugar en la segunda vuelta aún no está asegurado.

Las autoridades electorales señalan que los resultados finales podrían tardar hasta mediados de mayo. La primera vuelta estuvo marcada por el caos. Muchas papeletas llegaron tarde a algunos centros de votación, principalmente en Lima, lo que llevó a las autoridades a permitir que algunos votantes sufragaran al día siguiente.

López Aliaga, que concentra su mayor apoyo en Lima, aprovechó los problemas logísticos para acusar fraude. Sánchez ha dicho que respetará los resultados finales. Desde el día de la elección, López Aliaga ha pedido repetir toda la votación, aunque luego moderó su postura al proponer extender los días de votación para compensar a los electores afectados en Lima.

Sánchez sostuvo que los retrasos no afectaron la integridad de la elección y criticó la reciente renuncia del jefe del organismo electoral, Piero Corvetto. El candidato afirmó que la presión que llevó a la salida de Corvetto forma parte de un supuesto complot de la derecha. “Es una efectuación grave porque pretenden boicotear y desconocer la voluntad popular”, afirmó.