El pleno del Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes una controvertida reforma legislativa que introduce la pena de muerte por ahorcamiento para quienes sean condenados por asesinatos terroristas. Al momento, la iniciativa obtuvo 62 votos a favor y 48 en contra y representa un quiebre significativo en la tradición jurídica del país, donde la pena capital no se aplicaba desde la ejecución del jerarca nazi Adolf Eichmann en 1962. Se impusó desde el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, político de postura ultranacionalista, y contó con el respaldo del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien estuvo presente.

Aun así, el aspecto más polémico de la nueva ley radica en la desigualdad de aplicación según la jurisdicción: - En Cisjordania ocupada: la norma obliga a los tribunales militares a imponer el ahorcamiento como pena de default a los palestinos declarados culpables de terrorismo. Aunque se mencionan excepciones, estas no han sido definidas con precisión en el texto de la ley. - En territorio israelí: los tribunales civiles ordinarios, que juzgan a ciudadanos israelíes, conservan la facultad de imponer cadena perpetua y enfrentan estándares más estrictos para la pena de muerte. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición israelí denunciaron que esta estructura genera un sistema judicial de facto dual, con reglas más severas para los palestinos en territorio ocupado. “Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos.

Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, declaró Ben Gvir tras la aprobación de la reforma. Su discurso refleja el argumento de quienes apoyan la medida, basada en la necesidad de endurecer la respuesta del Estado frente a ataques violentos. Simultáneamente, la oposición objetó la reforma desde un enfoque legal.

El diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid, calificó la normativa de “populista, inmoral y no igualitaria”, remarcando que su diseño apunta de manera exclusiva a la población palestina, ya que esta es la que se juzga ante tribunales militares bajo la nueva regla. Ahora, un punto crítico de la redacción es que, si bien la ley contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte a ciudadanos israelíes en casos donde el asesinato tenga el objetivo de “negar la existencia del Estado de Israel”. Limitaciones y alcance temporal de la ley La nueva norma presenta dos restricciones relevantes en su implementación: no es retroactiva, por lo que no se aplicará a delitos cometidos antes de su sanción y no afectará casos anteriores a su entrada en vigor.

Además, excluye los ataques del 7 de octubre: los autores de los atentados del grupo Hamás ocurridos ese día no serán juzgados bajo esta ley, ya que el Parlamento está tramitando un proyecto de ley especial y diferenciado. MV / EM