El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su “profundo rechazo” a la represión de la disidencia en Irán, denunciando el uso de cargos vinculados a la seguridad nacional desde el inicio de la guerra. Según detalló, al menos 21 personas fueron ejecutadas y más de 4.000 resultaron detenidas. En un informe, se señala que “desde el inicio de los devastadores ataques conjuntos israelíes y estadounidenses contra Irán hace dos meses, al menos nueve personas fueron ejecutadas por las protestas de enero de 2026, 10 por supuesta pertenencia a grupos de oposición y dos por cargos de espionaje”.

En este marco, Türk hizo un llamado: detener todas las ejecuciones, establecer una moratoria sobre la pena capital, garantizar el debido proceso y liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente. Bajo la amplia definición de delitos contra la seguridad nacional en Irán, numerosas personas —incluidos menores— corren riesgo de ser condenadas a muerte. El informe subraya que los acusados suelen enfrentar procesos acelerados y se les niega la defensa legal de su elección.

Además, se han documentado con frecuencia casos de tortura y malos tratos. Algunas condenas, incluidas al menos nueve ejecuciones, “se basaron en confesiones obtenidas bajo coacción”. Desde el 28 de febrero, el informe estima que más de 4.000 personas fueron arrestadas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional.

Muchos detenidos han sido víctimas de desaparición forzada, tortura o sometidos a otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, incluyendo confesiones forzadas —a veces televisadas— y simulacros de ejecución. El documento advierte que personas de minorías étnicas y religiosas —bahá’ís, zoroastrianos, kurdos y baluchis— enfrentan un riesgo particular. El Alto Comisionado también denunció que la confiscación masiva de bienes se utiliza como herramienta de represión y castigo transnacional.

Según informes, se habrían incautado bienes de unos 675 ciudadanos, entre ellos 400 iraníes residentes en el extranjero —actores, atletas, ejecutivos y periodistas—, calificados como “traidores a la patria” y acusados de apoyar ataques militares contra Irán o colaborar con “grupos hostiles”. El informe menciona además a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, quien permanece encarcelada en condiciones de alto riesgo, recluida junto a delincuentes violentos, y cuya salud “está empeorando tras sufrir un infarto”. Por último, se recuerda que el acceso a internet en Irán lleva prácticamente interrumpido 61 días, constituyendo uno de los cortes más prolongados y severos a nivel mundial.

Türk advirtió que esto niega a la población el acceso a información vital, silencia voces independientes y agrava la crisis humanitaria y económica, por lo que pidió que se levante de inmediato.