El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402. El fiscal impulsó la investigación para determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026, etapa en la que Reidel presidió la compañía antes de su salida por denuncias de sobreprecios.

El exasesor presidencial y exfuncionario, que dejó la conducción de Nucleoeléctrica en febrero en medio de denuncias por presuntos sobreprecios, intentó desmarcarse del caso. Se presentó ayer ante la Justicia y rechazó las acusaciones. “No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa”, destacó en un escrito. La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del directorio y de la sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados. Toda esta información quedó expuesta a través de un anexo de 58 páginas incluido en el informe que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entregó a los legisladores tras un pedido de la diputada Florencia Carignano. En ese documento conviven gastos relacionados a instituciones nucleares con otros consumos en servicios de playa de Valencia, discotecas en Madrid, free shops, casas de ropa, hoteles, restaurantes, pubs y hasta peluquerías en distintas ciudades del mundo.

También aparecieron allí adelantos de efectivo por unos 56 millones de pesos. El registro también muestra una fuerte inclinación por las compras en terminales aeroportuarias y locales de ropa. Solamente en el free shop de Ezeiza se contabilizaron 35 transacciones por un total de 4.425 dólares, a lo que se sumaron gastos similares en Alemania, Austria, Italia y Corea del Sur.

En paralelo, el plástico estatal financió prendas en locales de Primark, Decathlon y El Corte Inglés en Madrid, junto con adquisiciones en sucursales de Adidas en Estambul y la India. De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares. El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

Además, González remarcó que la documentación aportada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación y tampoco precisaba si los gastos fueron realizados con un único plástico o con tarjetas adicionales. El fiscal también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos observados en el informe. En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada. También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado. “Quiero ser claro y categórico en cuanto a que en la tarjeta de crédito asignada al suscripto no constan consumos en free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico, así como tampoco se registran adelantos o retiros de efectivo”, señaló Reidel en el escrito presentado en la Justicia.