La Justicia de Santiago del Estero puso la lupa sobre transferencias por $4.961.280.195 realizadas por la AFA entre 2022 y 2025 a un conjunto de firmas vinculadas a Pablo Toviggino. Según el fiscal Pedro Simón, existe evidencia de que esos fondos se giraron “por servicios que no se habrían prestado”. La investigación también detectó que, una vez cobrados, parte de esos montos fue colocada en plazos fijos para generar rendimientos. De acuerdo con la documentación analizada, los pagos se dirigieron a SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus. El total bajo análisis asciende a $4.961.280.195 en el período 2022–2025; y algunas de estas sociedades figuran en la base apócrifa de ARCA. Un detalle central surge de los movimientos en el Banco Coinag. Allí, la AFA transfirió $3.633.013.825,80 a cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus, discriminados de la siguiente manera: $607.228.964,97 en 2022; $16.066.343,40 en 2023; $283.826.324,69 en 2024; y $2.725.892.192,74 en 2025. A esto se suman otros $1.328.266.369,20 girados a SEGON SRL en el Banco Santiago del Estero, con $653.622.369,20 en 2024 y $674.644.000 en 2025. La maniobra bajo sospecha incluye la colocación de esos fondos en instrumentos financieros. Un caso testigo es el de Servicios Lindor, que realizó 10 plazos fijos en el Banco Coinag, tanto en pesos como en dólares. Se trató de un total de $2.813.000.000 y USD 2.136.022. Entre ellos, operaciones por US$ 300.000 (con intereses por US$ 6200) y US$ 1.700.000 (US$ 37.000 de interés), además de múltiples colocaciones en pesos que alcanzan montos de hasta $3.000.000.000. En total, esas operaciones generaron ganancias por $613 millones y US$ 43.000. Desde el banco confirmaron que estas firmas tenían cuenta en la entidad pero aclararon: “Los montos que se depositaron en el Coinag vinieron del Credicoop porque allí tenía cuenta la AFA. Todas las cuentas de estas empresas fueron cerradas a finales de 2025, excepto la de Mauro Javier Paz. El Banco activó los mecanismos de revisión y alerta del Banco Central y la UIF por lo que decidió cerrar las cuentas. Los fondos fueron transferidos de vuelta al Credicoop”. Otro ejemplo es Servicios Neurus, que en 2025 constituyó seis plazos fijos por $2720 millones y US$ 2 millones. La investigación también detectó que parte de los fondos habría sido utilizada para la compra de autos, varios de los cuales fueron hallados en la mansión de Pilar atribuida al tesorero de AFA. El expediente incorpora además un elemento que llamó la atención de los investigadores: la inclusión de algunas firmas en listados apócrifos. MALTE figura como “APOC 1” y REAL CENTRAL como “APOC 2”. Ambas empresas se presentaron ante la Justicia con recursos para ser removidas de ese registro. En el entorno de Toviggino dijeron a TN que pronto se conocerán novedades judiciales en torno a maniobras poco claras de la Justicia. El caso se inscribe en un entramado más amplio que ya venía siendo investigado. El foco sobre Toviggino —número 2 de AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia— viene creciendo en los últimos meses a partir de denuncias sobre su patrimonio y sus vínculos empresariales en Santiago del Estero. Allí, según distintas causas judiciales, se consolidó un conjunto de sociedades con actividades diversas que van desde hotelería y combustibles hasta producción vitivinícola y servicios. Dentro de ese entramado aparece SEGON SRL, que administra una estación de servicio y un cementerio privado; y Servicios Neurus, vinculada a la comercialización de vinos y otros negocios. Las conexiones societarias, los cambios de directorio y la reiteración de apellidos en distintas firmas forman parte de las líneas de investigación. Otra derivación relevante involucra a MALTE SRL, que ya había sido analizada por su participación en la compra de la mansión de Pilar y por sus operaciones con el fútbol argentino. Según documentación en poder de la Justicia, la firma realizó transacciones con la AFA, incluyendo la venta de tests de COVID-19 en 2022, y habría intervenido en la cesión de derechos económicos de un club. La investigación sigue abierta y busca determinar si existieron servicios efectivamente prestados o si se trató de una operatoria irregular para desviar fondos y obtener ganancias financieras.