La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y prepara un requerimiento para que el funcionario justifique el origen de parte de su patrimonio, luego de detectar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los bienes registrados a su nombre. La medida se encuentra supeditada a la finalización de un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo dependiente de la Procuración General de la Nación.

Además, se realiza un análisis específico sobre movimientos y trazabilidad de fondos vinculados a operaciones con criptomonedas. La declaración jurada, bajo la lupa En paralelo, Adorni trabaja en la actualización de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, un documento que todavía no fue presentado y que el oficialismo espera utilizar para despejar las sospechas. Según trascendió, la intención del funcionario es formalizarla antes del 15 de junio.

La demora generó tensiones dentro del propio Gobierno. Mientras algunos sectores sostienen que el jefe de Gabinete buscó evitar interferir en la investigación judicial, otros dirigentes del oficialismo reclamaron acelerar la presentación para cerrar el tema. Entre ellos se ubicó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien sostuvo públicamente que la responsabilidad del funcionario es cumplir con la obligación de informar su patrimonio.

Otra causa en Comodoro Py Adorni también enfrenta una investigación a cargo del juez federal Ariel Lijo por contratos firmados entre la Televisión Pública y una productora vinculada a personas de su entorno. En ese expediente se analizan transferencias de dinero, registros telefónicos y datos de geolocalización para determinar si existieron incompatibilidades con el ejercicio de la función pública. Fuentes judiciales señalaron que, una vez concluidas las medidas de prueba pendientes, podría definirse una eventual citación a declaración indagatoria.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la presentación de la declaración jurada contribuya a desactivar una controversia que se instaló en el centro de la agenda política nacional.