La Justicia de Tucumán investiga a los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar tras una denuncia que los señala por una presunta maniobra para apropiarse de una indemnización millonaria que correspondía a una joven de 21 años, víctima de abuso sexual. La causa, a cargo del fiscal Carlos Saltor, está caratulada como presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada. Por disposición judicial, la identidad de la denunciante permanece bajo reserva para evitar su revictimización.

Todo apunta a los abogados Según la presentación realizada ante la Justicia, la joven había obtenido una reparación económica en el marco de una causa penal por abuso sexual. El acuerdo incluyó la entrega de una camioneta Ford Ranger 2023, valuada en alrededor de 50 millones de pesos. De acuerdo con la acusación, el vehículo fue vendido posteriormente por unos 33,5 millones de pesos a una persona vinculada al abogado Alfredo Aydar.

A partir de esa operación, sostiene la denuncia, comenzó una maniobra mediante la cual los fondos quedaron bajo control de los letrados. La joven aseguró que fue persuadida para no depositar el dinero en entidades bancarias y que, aprovechando su situación de vulnerabilidad emocional, terminó cediendo el manejo de la totalidad de los fondos. Uno de los puntos que investiga la Fiscalía es el destino que habría tenido ese dinero.

Entre las pruebas incorporadas figuran audios y conversaciones en los que, según la denuncia, el abogado reconocería haber colocado los fondos en préstamos a terceros con promesas de rentabilidad. Sin embargo, una auditoría preliminar detectó presuntas irregularidades, entre ellas la ausencia de contratos, garantías o documentación que acreditara la autorización de la víctima para realizar esas operaciones. Además, la denunciante cuestionó importantes descuentos efectuados en concepto de honorarios profesionales, al señalar que no existían convenios firmados ni rendiciones de cuentas que justificaran los montos retenidos.

Allanamiento al estudio jurídico Como parte de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en el estudio jurídico y en domicilios vinculados a los acusados. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación considerada clave para reconstruir el recorrido del dinero. Los abogados rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la denuncia responde a cuestiones ajenas al caso.

Mientras tanto, los investigadores avanzan con el análisis del material secuestrado para determinar si existió una maniobra fraudulenta y establecer eventuales responsabilidades penales.