El pasado 16 de mayo, Bulgaria, de la mano de la cantante Darina Nikolaeva —mejor conocida como Dara— y la canción ‘Bangaranga’, se proclamó ganadora de la edición número 70 de Eurovisión, el certamen musical más importante de Europa desde su creación en 1956. Sin embargo, la victoria de la artista búlgara de 27 años —quien se impuso con 516 puntos sobre el israelí Noam Bettan— terminó viéndose opacada por el fuerte llamado al boicot impulsado por parte del público y algunos países participantes, como España, debido a la inclusión de Israel en medio de la ofensiva militar que el país mantiene en la Franja de Gaza. La controversia creció aún más luego de que una investigación de The New York Times revelara una presunta estrategia mediante la cual el gobierno israelí habría destinado grandes sumas de dinero para influir en la competencia y utilizarla como una herramienta de poder blando dentro de su agenda internacional.

El concepto de “poder blando” —popularizado por el politólogo estadounidense Joseph Nye a finales de los años ochenta— hace referencia a la capacidad de un país para influir en la percepción internacional a través de la cultura, el entretenimiento, los valores o la diplomacia, en lugar de recurrir directamente al poder militar o económico. Bajo esa lógica, eventos de alcance global como el Mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos o incluso Eurovisión se convierten en vitrinas estratégicas para construir imagen, legitimidad e influencia internacional, y así lo entendió Israel, especialmente después de que el conflicto en Gaza explotara en 2024. De acuerdo con el reportaje, Israel habría destinado al menos un millón de dólares a campañas de marketing relacionadas con Eurovisión durante los últimos años.

Parte de esos recursos, señala el periódico, provendrían directamente de oficinas gubernamentales encargadas de la estrategia de comunicación internacional del país, conocidas bajo el término hasbara, utilizado por el propio Estado israelí para referirse a sus esfuerzos de diplomacia pública y construcción de narrativa internacional. Uno de los casos más llamativos habría ocurrido durante la edición de Malmö 2024, la primera celebrada con el genocidio israelí en Gaza ya en curso. De acuerdo con documentos obtenidos por el observatorio israelí The Seventh Eye y compartidos con el Times, el gobierno habría invertido más de 800.000 dólares en publicidad vinculada al certamen, incluyendo una partida específica destinada a la “promoción del voto”.

La investigación sostiene además que la estrategia no habría sido improvisada. El compositor israelí Doron Medalie —autor de varias canciones con las que el país participó en el festival— aseguró al periódico estadounidense que desde al menos 2018 el gobierno comenzó a impulsar campañas digitales para promover a sus representantes en redes sociales. Aquel año, Israel ganó el certamen tras invertir más de 100.000 dólares en promoción, un resultado que, según Medalie, convenció a distintos sectores políticos de que Eurovisión podía convertirse en “una buena inversión”.

Según el reportaje, la operación alcanzó un nuevo nivel en la edición de 2025 celebrada en Basilea. Periodistas de la radiotelevisión pública finlandesa detectaron anuncios pagados en múltiples idiomas que incentivaban al público a votar hasta veinte veces por la representante israelí Yuval Raphael, el máximo permitido por el reglamento en ese momento. Incluso el primer ministro Benjamin Netanyahu compartió publicaciones en redes sociales promoviendo el voto, mientras organizaciones proisraelíes y miembros de la diáspora replicaban la campaña en distintos países europeos.

Uno de los puntos más polémicos del reportaje tiene que ver con el impacto que estas campañas pudieron haber tenido sobre el televoto. El análisis realizado concluye que, debido al relativamente bajo volumen de participación en algunos países, bastarían cientos de personas votando repetidamente para alterar significativamente los resultados del voto popular. Aunque la investigación no encontró evidencia del uso de bots o manipulación automatizada, sí describe un esfuerzo estatal coordinado y sin precedentes para movilizar apoyo alrededor de la candidatura israelí.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, también quedó bajo cuestionamiento. Aunque su director, Martin Green, reconoció que la campaña israelí pudo haber sido “excesiva”, negó que esta alterara el resultado final de la competencia. Sin embargo, el periódico sostiene que la organización evitó transparentar completamente los datos de votación y manejó internamente el debate sobre una posible expulsión de Israel, una discusión que terminó profundizando las tensiones entre las cadenas públicas europeas participantes.

La controversia terminó provocando una fractura inédita dentro del festival. Según el reportaje, radiotelevisiones públicas de países como Islandia, Irlanda, Países Bajos, España y Eslovenia anunciaron su intención de boicotear la edición de 2026 en Viena, argumentando que el certamen perdió su pretendida neutralidad política. Tras el boicot y la amplia victoria de Bulgaria —que terminó superando por más de 170 puntos a Israel—, gran parte del público celebró el resultado, argumentando que el país no debía participar en el certamen en medio de la guerra en Gaza.

Sin embargo, más allá de quién levantó el trofeo, la investigación del Times deja sobre la mesa una discusión mucho más profunda: la creciente dificultad de separar la cultura y el entretenimiento de los intereses políticos y diplomáticos. Hoy, Eurovisión enfrenta una de las mayores crisis de legitimidad de su historia reciente, atrapado entre la música, la geopolítica y el debate sobre qué tan fácil puede ser para los gobiernos utilizar eventos globales para moldear la opinión y la percepción pública internacional.