¿Capacitación sí o capacitación no? Capacitarse es necesario, el problema en este caso radica en a quién se capacita con los fondos públicos que deberían beneficiar al conjunto de la sociedad. Tomemos como ejemplo aquellos países que lograron grandes crecimientos económicos entre la década de 1970 y 1990, los cuatro Tigres Asiáticos, en todos los casos poseían cuerpos funcionariales (burocracias) altamente capacitados, y muchos estudios afirman que esa fue una de las condiciones de posibilidad de ese crecimiento exponencial, con sistemas de carrera funcionarial profesional.

Entonces, la capacitación en la que sí se debe invertir es la que está destinada al personal que trascenderá la gestión de turno, justamente aquellos que no poseen decisión política, pero sí expertise técnica. Según lo que pude leer en este diario, la ministra Latorre dijo: “El Fideicomiso tiene entre sus funciones el fortalecimiento institucional. Dentro de ese plan, está el de capacitación.

Las capacitaciones son algo que históricamente se han pagado por el Estado porque consideramos que Mendoza debe tener profesionales con formación continua". Nadie podría estar en contra de esta afirmación, el problema es que ella está de paso por la gestión y no debería beneficiarse de eso. ¿Es correcto que el gobierno provincial invierta 11000 dólares en capacitar a una sola persona?

El mandato del actual gobierno provincial finalizará en 2027 junto con el de sus ministros/as, si calculamos que las maestrías tienen un período de desarrollo de entre 2 y 3 años estamos pagando una capacitación que no beneficiará a la gestión provincial, y por ende tampoco a la ciudadanía de Mendoza. Para ponernos a tono con el tema, recordemos que Mendoza posee un Instituto Provincial de Administración Pública, órgano que tiene la potestad de planificar y ejecutar las capacitaciones a nivel de la administración provincial (siendo uno de los IPAPs más activos del país). Al mismo tiempo, en Mendoza algunos ministerios poseen áreas de capacitación interna muy activas, que se encargan de relevar las necesidades específicas de su ministerio y realizar planificaciones anuales de formación.

En ambos casos, los presupuestos para estas actividades son casi nulos, a pesar de ello gestionan con ingenio, consiguen fondos, realizan convenios y concretan capacitaciones. Claro que también tienen debilidades, de las que me he ocupado en detalle en artículos ya publicados (Rizzo, 2023;2021). Claramente las tareas de estas áreas de profesionalización de la administración subnacional son perfectibles, pero imaginemos lo que podrían hacer con U$D 11.000.

Parte de las limitaciones que poseen se deben a la poca importancia que los altos mandos del gobierno provincial le asignan. Ahora bien, ¿los funcionarios/as provinciales están capacitados/as? Seguramente los altos mandos (ministros/as) necesitan otro tipo de aptitudes para gestionar, para decidir el rumbo político, aptitudes que difícilmente se consiguen en la academia, y por ello el gobernador de turno los considera valiosos para los cargos que ocupan.

A su vez, las necesidades de expertise técnica están presentes en todos los ministerios y áreas gubernamentales, pero pueden saldarse con el alto nivel educativo que posee el funcionariado de la mayoría de los ministerios en Mendoza, donde el título de grado parece ser la condición mínima (para 148 puestos en los cuatro primeros niveles de mando del ejecutivo provincial, 146 tienen título de educación superior), incluso un ministerio posee en sus primeras cuatro líneas de mando la totalidad del personal con nivel de maestría. Pero supongamos que aún fuera necesario mayor formación específica para áreas puntuales de la gestión pública, esta debería destinarse a quienes dedican su vida laboral a la administración provincial y continuarán aportando su conocimiento a las gestiones venideras. Una de las pocas voces a favor de esta maniobra de financiamiento personal fue la de un ministro que, según su propia trayectoria declarada, posee una formación errante y confusa, repitiendo el patrón de expertise política pero no técnica.

Un aspecto lamentable a mencionar fue el hecho de que la decisión de aprobar el pago de esta carrera fue sometida al conjunto del órgano que administra los fondos más arriba mencionados, pero, lamentablemente, ninguna voz sensata reparó en el error que se cometía, en resumen, falló la persona y el órgano de control inmediato de estos fondos, lo que es aún peor. Mientras la gestión de turno reflexiona sobre el tema, corresponde recordarles que Mendoza es la cuarta provincia en cantidad de graduados universitarios del país, posee 2 universidades públicas nacionales en su territorio, 5 universidades privadas, un Centro Científico y Tecnológico-CONICET, sedes del CNEA, del INTA, INA y muchas otras instituciones de ciencia y técnica, que en conjunto abarcan todas las áreas de conocimiento y seguramente podrán resolver las consultas técnicas que tenga cualquier gobierno. Es necesario invertir ese monto y mucho más en capacitación, solo que la decisión debe ser estratégica, si son fondos públicos deben ser para beneficio de todos/as.

Dra. Natalia Rizzo, docente investigadora Conicet. Especialista en Capacidades estatales y Función Pública.