El debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la llamada Ley Malvinas que el Ejecutivo envió al Congreso el 17 de septiembre, tuvo su bautismo de fuego este miércoles, y no por el contenido de la iniciativa sino por el escándalo que terminó cortando la reunión antes de tiempo. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, las tres presididas por diputados libertarios (Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán), debía ser apenas una ronda informativa con funcionarios de segunda línea. Terminó, en cambio, con gritos, manotazos y al menos tres cruces distintos entre Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza.

El telón de fondo hizo que el debate ya iniciara caldeado: ayer, la Corte Suprema había dejado sin efecto la cautelar que el CECIM La Plata sostenía contra el artículo 154 del DNU 70/23, el que derogó la Ley de Tierras Rurales, reabriendo de hecho la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros justo cuando el oficialismo pretendía hablar de soberanía territorial sobre Malvinas. Esa contradicción fue uno de los primeros argumentos que usó la oposición para cuestionar al Gobierno, incluso antes de que el escándalo central estallara. Más allá de la imagen que dejó el plenario, La Libertad Avanza no tiene intención de frenar el tratamiento.

La hoja de ruta oficial contempla una segunda reunión informativa el martes 6 de octubre, en la que el oficialismo buscará directamente firmar el dictamen de comisión. El presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, había anticipado antes de que arrancara el debate que estaba dispuesto a extender la discusión todo lo necesario: "El tratamiento tendrá todo el tiempo que la importancia del tema lo requiera. Hay un consenso amplio en determinadas partes y en otras no tanto", dijo el salteño.

Sobre la fecha de la sesión en el recinto todavía hay versiones cruzadas. En un primer momento había trascendido el miércoles 7 de octubre como el día elegido para llevar el proyecto al pleno. Sin embargo, luego de la reunión de este miércoles tomó fuerza una fecha más tardía: el 21 de octubre, jornada en la que el oficialismo buscaría aprobar no solo la Ley Malvinas sino también, en la misma sesión, la nueva ley de Discapacidad y el proyecto sobre morosidad crediticia, dos de los otros grandes frentes legislativos abiertos en el Congreso.

Esa concentración de temas sensibles en una sola sesión da una pista de hasta qué punto el oficialismo quiere cerrar octubre con una batería de leyes aprobadas, más allá de lo que pase puertas adentro de cada comisión. El contenido de la iniciativa quedó, por un rato largo, en un segundo plano frente al escándalo, pero no es menor. El eje central deroga la Ley 26.659 —la que sancionaba la explotación petrolera ilegal en Malvinas— y la reemplaza por un régimen sancionatorio más amplio, que ya no se limita a los hidrocarburos sino que alcanza cualquier recurso natural renovable o no renovable de la plataforma continental y el Atlántico Sur.

El texto prevé penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para quienes exploten esos recursos sin autorización argentina, además de consecuencias económicas concretas: las personas y empresas sancionadas podrían quedar impedidas de operar en el país, de contratar con el Estado o de acceder a beneficios fiscales y previsionales. El proyecto, de 133 artículos distribuidos en ocho capítulos, va bastante más allá de Malvinas: crea un Sistema de Seguridad Nacional conducido por un Consejo de Seguridad integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica —cargo hoy ocupado por María Ibarzábal Murphy, abogada con estrecho vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo, un dato que el propio Agustín Rossi remarcó durante el debate—. La defensa del proyecto corrió por cuenta de Paula Tadei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, ya que ninguno de los funcionarios que integrarían ese Consejo se presentó a dar explicaciones, algo que la oposición calificó directamente como una "afrenta al Congreso".

Consultada sobre por qué el proyecto no menciona en ningún momento al Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra en sus 133 artículos, Tadei respondió que "todos los títulos están orientados a la defensa de la soberanía" y que no hacía falta nombrar al adversario puntual. Sobre las críticas al nuevo Consejo de Seguridad Nacional, sostuvo que "hay mucha confusión" y que el organismo busca simplemente "articular y coordinar funciones estatales frente a amenazas extranjeras". Las dudas que el proyecto despierta incluso entre aliados Las objeciones no vinieron solo de la oposición dura.

El diputado del MID Eduardo Falcone, uno de los pocos representantes de espacios aliados que participó del debate, alertó que el proyecto incluye un protocolo militar que habilita "el derribo de un avión o hundimiento de un buque hostil decidido por el presidente o el ministro de Defensa", sin intervención previa del Congreso, algo que a su juicio choca con la Constitución en todo lo referido a actos de guerra. El planteo derivó en un cruce público con el asesor presidencial Santiago Caputo, que salió a bancar el proyecto y argumentó que esas facultades no deben leerse únicamente bajo la hipótesis de un conflicto entre Estados. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue en la misma dirección desde otro ángulo: denunció que la iniciativa le quita al Congreso la intervención en las autorizaciones militares para las Fuerzas Armadas y se la otorga en exclusiva al Poder Ejecutivo "de una manera totalmente discrecional y peligrosa".

Rossi, por su parte, además de cuestionar la integración del Consejo de Seguridad, puso el ojo en un artículo que habilita la colaboración con "socios y aliados" en materia de seguridad nacional, una redacción que, advirtió, deja abierta la puerta a que las Fuerzas Armadas argentinas puedan ser convocadas a intervenir en conflictos de Estados Unidos o Israel. El peronista Eduardo Valdés completó el cuadro con una lectura directamente política: sostuvo que el verdadero objetivo del proyecto es "controlar a los opositores", y aprovechó para marcar que el mismo día en que el Gobierno presentó la iniciativa por cadena nacional, Milei "estuvo en Chile alabando a Pinochet, que no rima con Malvinas". De los manotazos con Guzmán al "cagón" de Huesen: la crónica completa del escándalo El quiebre llegó durante la exposición de Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, que había arrancado fuerte: "Nadie les puede creer que les interesa las Malvinas cuando están entregando el continente", lanzó, antes de preguntar por qué en los 133 artículos del proyecto no se menciona ni una vez al Reino Unido.

Mientras hablaba, el libertario santacruceño Jairo Guzmán empezó a hostigarla desde su banca. Fue entonces cuando Juan Grabois se levantó, cruzó el recinto y encaró directamente a Guzmán: hubo manotazos entre ambos mientras otros diputados intentaban separarlos. Ahí se sumó un segundo frente.

El tucumano Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza, empezó a increparlo a los gritos desde otro sector de la sala y lo llamó "enano". Grabois lo desafió a repetirlo, y Huesen redobló con un "cagón" mientras agitaba la mano. El cruce escaló al punto de que Agustín Rossi, Eduardo Valdés y el propio libertario Álvaro Martínez debieron intervenir para que Grabois y Huesen no terminaran cara a cara.

En el medio de ese forcejeo, Grabois disparó una serie de acusaciones contra los libertarios presentes —"manga de chorros", "sorete de mierda", "vendepatrias", "vendidos" y "coimeros"— y hasta llegó a gritar que "tienen la Corte comprada", en referencia al fallo conocido este martes. El cierre del plenario tuvo todavía un tercer round, el que terminó de cortar la reunión. Cuando Grabois tomó la palabra, la diputada Juliana Santillán le recriminó que estaba leyendo su discurso en lugar de exponerlo. "No estoy leyendo, tontita", le respondió, y agregó, ante el repudio generalizado: "No la estoy insultando, la estoy describiendo".

Ante el descontrol, Carlos Zapata le apagó el micrófono, lo que generó la reacción final de Grabois: "Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda". Con Zapata retirándose de la sala, la vicepresidenta del plenario, Agustina Propato, intentó sostener la reunión asumiendo la conducción del debate, pero al cortarse la transmisión oficial, el bloque peronista terminó retirándose también. El faltazo abrupto dejó una cuenta pendiente puertas adentro del propio peronismo: al levantarse la reunión había 15 diputados anotados para hablar, la mayoría de Unión por la Patria, que se quedaron sin la chance de fijar postura en esta primera ronda.

Para el oficialismo, en cambio, el objetivo sigue siendo el mismo que tenía antes del papelón: llegar con dictamen a la semana próxima y, de ahí, a una sesión que podría terminar siendo la más cargada del año.