Casi todas las curules de paz creadas para dar representación política a las víctimas del conflicto armado en Colombia habrían terminado en manos de grupos políticos y líderes tradicionales. Esta situación, denunciada por La Silla Vacía, marca el desenlace de la que fue la última elección bajo el mecanismo que surgió del acuerdo entre el Estado y las extintas Farc hace una década, con la intención de reparar a quienes sufrieron por la guerra, pero que, hoy, evidencia una apropiación por parte de estructuras de poder previas, desplazando las voces genuinas de las víctimas. Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel La investigación de la red regional del mencionado medio, citada en el episodio conducido por Tatiana Duque, detectó este patrón en múltiples regiones, entre ellas Arauca, Antioquia, Córdoba, Tolima, Catatumbo y Caquetá, en las que el derecho al voto corresponde exclusivamente a los municipios más golpeados por el conflicto armado.

Un dato revelador es el caso de Javier López, elegido en la región del Bajo Cauca Antioqueño. Pese a haberse integrado a espacios de víctimas solo a finales de 2025, López accedió a su curul impulsado por la maquinaria del exsenador liberal Julián Bedoya, consolidando así el fenómeno de apropiación de estos escaños por actores tradicionales ajenos a la experiencia directa del conflicto. De acuerdo con Mateo Isaza Giraldo, periodista de El Armadillo, este giro es palpable. “El candidato que ganó en el Bajo Cauca era un desconocido para las mesas departamentales de víctimas hasta diciembre.

Su principal vínculo era con figuras políticas, como su padre Dagoberto López y el grupo de Julián Bedoya”, detalló Isaza Giraldo en diálogo con Duque. En el caso de la curul de Urabá, la reelección de Karen López también responde, según reportó el medio, a apoyos estructurales, no a una trayectoria ligada a la representación de víctimas, pues inicialmente obtuvo el aval por firmas y no de organizaciones de víctimas. La cooptación política no es exclusiva de Antioquia.

En Caquetá, el congresista actual heredó la curul a su propio hijo, mientras que en Montes de María, la estructura de los llamados barones electorales fue determinante en el proceso. Lo mismo ocurrió en Arauca, donde la representante Karen Manrique se encuentra privada de libertad y enfrentará un juicio en la Corte Suprema de Justicia por presunta implicación en un desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo. Su esposo fue quien reclamó formalmente la credencial de congresista reelecta, una práctica que ilustra el nivel de degradación del propósito original de estas curules.

Las cifras aportan una dimensión clave sobre la facilidad con que una campaña bien financiada puede asegurarse una curul de paz. Isaza Giraldo explicó que hace cuatro años algunos candidatos ganaron con apenas 2.000 votos, un umbral muy inferior al requerido para curules ordinarias de la Cámara. Además, una campaña tradicional para dicho cuerpo podría costar entre $10 mil y $15 mil millones, mientras que el acceso a una curul de paz podría lograrse invirtiendo entre $2.500 y $3.000 millones, dadas sus condiciones focalizadas: solo pueden votar algunos municipios, y en sus puestos rurales designados. “En el Congreso, el voto de un representante de curul de paz vale lo mismo que el de cualquiera de los partidos tradicionales”, puntualizó Isaza Giraldo en La Silla Vacía.

La incidencia de recursos y apoyos externos a las organizaciones de víctimas se reflejó en denuncias sobre compra de líderes sociales, alianzas de última hora entre candidatos, y la capacidad de múltiples campañas para desplegar caravanas y eventos públicos con abundancia de recursos —equiparable, en varios casos, al aparato propio de elecciones legislativas convencionales—. Diversas voces entrevistadas para el reportaje expresaron frustración porque “compiten en escenarios de mucha desigualdad” y señalaron que la diferencia de recursos en los procesos organizativos y en la producción audiovisual evidenciaba el predominio de prácticas clientelistas. Isaza Giraldo recalcó una conversación mantenida en Caucasia, donde un líder social expresó: “No tengo nada contra el candidato, pero que no se apropie de las curules de las víctimas”.

Aunque la revisión nacional realizada por La Silla Vacía muestra que al menos la mitad de los electos provienen de estructuras políticas tradicionales, la apropiación irregular no se restringió a quienes resultaron vencedores. Isaza Giraldo precisó que varios de los candidatos derrotados también recurrieron al apoyo de alcaldías o actores políticos consolidados en sus regiones, lo que indica un escenario ampliamente atravesado por intereses partidistas y económicos. El caso de Karen Juliana López, por ejemplo, ilustra esta dinámica.

Repitió curul en Antioquia con un despliegue de recursos y caravanas que, según Isaza Giraldo, resultaban indistinguibles de cualquier campaña a una curul ordinaria. Durante la campaña, su estructura recibió dos adhesiones de última hora de candidatos que abandonaron la contienda para apoyarla, en medio de numerosos señalamientos económicos asociados a prácticas de favores y apoyos comprados. Pese a las críticas recogidas y al desafortunado desenlace para la mayoría de organizaciones de víctimas, Isaza Giraldo reconoció en La Silla Vacía que existen matices y recalcó la existencia de algunas voces que invitan a rescatar el impacto general de una política pública bien intencionada, pero “dilapidada por la aparición de grupos políticos”.

La periodista Alejandra Mayorga, mencionada en el episodio, había señalado que, más allá de las denuncias, no todo lo que ocurrió con las curules debe considerarse un fracaso, aunque predominó la llamada “política de estómago”: prácticas clientelistas asumidas incluso por los propios candidatos, quienes reconocían que “la gente venderá el voto, pero puede votar a conciencia”. Con la finalización de este proceso electoral, la experiencia de las curules de paz en Colombia deja como saldo principal la cooptación por parte de grupos tradicionales, el desplazamiento de las organizaciones de víctimas en el reparto real de poder y la permanencia de dinámicas clientelistas y de desigualdad en el acceso a la representación.