Una parte de la dirigencia política argentina sigue aferrada a iniciativas de relativo sustento y que en lo institucional marcaron durante muchos años una huella difícil de transitar. La oposición justicialista plantea, a través de muchos de sus dirigentes que, de volver nuevamente al gobierno nacional, dará marcha atrás con importantes leyes aprobadas durante esta gestión. Lo cual profundizará aún más la inseguridad jurídica que alejará las inversiones para desarrollar el país.

Propuestas de este tipo son de una irresponsabilidad manifiesta. Una parte de la dirigencia política argentina sigue aferrada a iniciativas de relativo sustento y que en lo institucional marcaron durante muchos años una huella difícil de transitar. Recientemente, el diputado Máximo Kirchner, en el contexto de la campaña electoral venidera, sostuvo que si el justicialismo vuelve a ser gobierno se encargará de revisar las iniciativas privadas habilitadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), implementado por la actual administración libertaria.

Kirchner recomienda auditar “proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo” el otorgamiento de dichos beneficios a inversores interesados en el país. De todos modos, aclaró que la auditoría no impedirá que los emprendimientos que tengan “todo en orden” sigan en pie por una elemental cuestión de derecho adquirido. Para fundamentar su punto de vista crítico, el hijo de la ex presidenta Cristina de Kirchner reflexionó: “No vaya a ser que a alguien le hayan dado el RIGI y después se da vuelta y vende el proyecto”.

No se puede menospreciar livianamente el marco legal de una norma. En el caso puntual del RIGI, se encuentra sustentando en la ley 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida…”, propiciada por el actual gobierno nacional y largamente consensuada en el Congreso para encontrar los mecanismos que permitieran a los sectores políticos más afines al Poder Ejecutivo lograr un adecuado marco de consenso. Concretamente, el RIGI se fundamenta en un conjunto de sustentos económicos, jurídicos y competitivos pensados para atraer capitales de gran escala en sectores estratégicos de la economía.

Y justamente uno de los objetivos principales de este mecanismo es revertir el estancamiento económico en base a la previsibilidad. Téngase en cuenta que la seguridad jurídica constituyó durante muchos años uno de los problemas más grandes de la Argentina para atraer capitales y conseguir respaldo confiable de organismos de crédito. De modo que la observación o verificación que promueve el diputado Kirchner no tendrá mucho asidero mientras no existan demandas ante la Justicia que ameriten una discusión política al modo que propone el miembro de la bancada del PJ.

Por el contrario, han sido la excesiva regulación de la economía y la inestabilidad normativa, entre otras falencias, las que le dieron a nuestro país un entramado de normas regulatorias que impidieron que profesionales y empresas pudiesen planificar con coherencia a mediano o largo plazo. Esa falta, que derivó en inseguridad jurídica, fomentó el desinterés desde el exterior. Es por ello que el Riesgo País no cede fácilmente y los mercados no dejan de desconfiar, no en políticas como la aludida, sino en actitudes y promesas como las vertidas por Máximo Kirchner, de una resistencia al progreso que una sana oposición debería ya replantearse.