La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional de Honduras inició una audiencia clave en la investigación contra los funcionarios electorales Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez por presuntas infracciones constitucionales en el proceso electoral de 2025. Este procedimiento, señalado como determinante para la credibilidad institucional, expuso una serie de testimonios sobre conductas consideradas un riesgo para la estabilidad democrática. Durante la audiencia, el abogado José Antonio Barahona atribuyó a Mario Morazán y al exfiscal Johel Zelaya la responsabilidad por el fallecimiento de su hija, la magistrada Miriam Barahona, al sostener que una persecución mantenida le impidió acceder a un trasplante de hígado.

Detalló que “fallece porque no pudo hacerse un chequeo en Estados Unidos en una época en que dos bandidos de la democracia se ensañaron con ella”, y relató que la familia trasladó a la magistrada “de manera clandestina fuera del país para evitar su detención”, tras el intento de emitir una orden de captura cuando estaba hospitalizada. Barahona exigió “requerimientos fiscales” contra los implicados y advirtió que la destitución no sería suficiente para alcanzar justicia. Cinco comparecencias marcaron el inicio del proceso.

En primer lugar, el empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marco Martínez denunció la extracción de información sensible de dispositivos USB con todas las actas nacionales, realizada por personal bajo órdenes de Ochoa. Martínez calificó lo ocurrido como un “incidente de alto riesgo para la integridad del proceso electoral” y señaló que avisó de inmediato al codirector Allan Alvarenga: “pero no hubo ningún tipo de repercusión”, según su declaración ante los diputados. El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Eduardo Enrique Fuentes, señaló amenazas contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.

Según Fuentes, Ochoa habría advertido que “estaban jugando con fuego” al intentar cumplir el cronograma, expresión interpretada como presión interna dentro del órgano electoral. La secretaria general del CNE, Telma Martínez, confirmó ausencias a múltiples sesiones del pleno por parte de Ochoa, lo que contribuyó al desfase electoral. Añadió una denuncia sobre un “ambiente de presión institucional” y persecución impulsada por órganos persecutores del Estado.

El conjunto de acusaciones apuntó a un presunto “bloqueo administrativo” que, según testigos, retrasó la agenda electoral y afectó la operatividad de las instituciones responsables de garantizar la transparencia, conforme reportó el medio fuente. En la última parte de la audiencia, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, defendió la legalidad de las convocatorias a sesiones y rechazó las acusaciones relacionadas con la entrega de documentos. Urrutia presentó pruebas sobre “ausencias reiteradas y abandono de sesiones” atribuidas a Morazán y argumentó que dichas acciones “tenían como objetivo obstaculizar el funcionamiento del tribunal y frenar su actividad jurídica”.

Al responder ante el diputado Arnold Burgos, Urrutia sostuvo: “Hubo un peligro a la democracia de Honduras”, para subrayar la gravedad de los hechos descritos durante la audiencia. La convergencia de testimonios y la gravedad de las denuncias expuestas ante la Comisión Especial de Juicio Político consolidaron la hipótesis de una posible coordinación entre funcionarios del CNE y del TJE para obstaculizar el proceso electoral, colocando bajo escrutinio la legitimidad y el funcionamiento de los órganos garantes de la democracia hondureña. El juicio continuará con la evaluación de pruebas y nuevas jornadas testimoniales en medio de un clima de alta tensión política.

Analistas consideran que este proceso podría establecer un precedente para la rendición de cuentas de funcionarios públicos en Honduras y fortalecer la defensa de la legalidad en el ámbito electoral. Luego de las primeras exposiciones, el proceso de juicio político adquiere un tono emblemático para el país. Las acusaciones de irregularidades, conflictos internos y supuestos abusos de poder sustentan un debate que, según los testimonios recabados, puso en riesgo la democracia de Honduras y podría provocar consecuencias institucionales sin precedentes.