El informe “Entre la Ley y el Abandono”, presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), documenta que Honduras registra en la última década 111 asesinatos de defensores del ambiente, con apenas un 8 % de casos resueltos. La presentación del informe, que incorpora análisis del presupuesto público en protección ambiental, traza una panorámica del contexto actual: solo existen cuatro fiscales a nivel nacional para investigar delitos contra el ambiente, una cifra insuficiente frente a la magnitud del problema, de acuerdo con los datos expuestos por la abogada Abigail Canales, especialista en derechos humanos, citada por ASJ. El informe documenta que la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, responsable de muchos de estos casos, opera con menos del 1 % del presupuesto total del Ministerio Público.

Esta proporción ilustra la ausencia de prioridad política para proteger a los pueblos indígenas y a quienes defienden el territorio, como subrayó Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, durante la presentación. Hernández señaló que las autoridades conceden recursos para otros rubros, como el alquiler de vehículos de lujo, mientras mantienen presupuestos mínimos para la fiscalía ambiental. Sobre este punto, advirtió: “La justicia real no llega con una foto de detenidos; llega con condenas firmes y un sistema capaz de prevenir el siguiente asesinato”.

La abogada Canales denunció además que la falta de peritos especializados en el Ministerio Público agrava la crisis: sin suficiente personal técnico, la judicialización y el esclarecimiento de los delitos ambientales sufren retrasos o siquiera llegan a producirse. Durante la presentación del informe, familiares de víctimas compartieron relatos directos sobre el clima de vulnerabilidad. Ana Luisa Hernández, esposa de Juan Bautista Silva asesinado junto a uno de sus hijos, solicitó justicia y expresó: “Yo vivo con angustia y dolor recordando a mi esposo y a mi hijo”.

Hernández pidió a las autoridades investigar a fondo los crímenes y explicó que “los asesinos andan sueltos”, además de manifestar preocupación por su propia seguridad y la de su familia. Medarda Rivas, hermana de Santos Hipólito Rivas, también asesinado por motivos ambientales, relató: “Tocoa, Colón, donde yo vivo, es un lugar sin ley en la actualidad”. Rivas describió que después de las 18h las personas se resguardan en sus viviendas y que estructuras criminales controlan las calles desde temprano en la noche.

Detalló, además, que han recibido amenazas por sus denuncias y que no tienen protección estatal. ASJ y Conadeh sostienen que la violencia contra defensores ambientales en Honduras obedece a un “patrón estructural” superior a la simple criminalidad o factores coyunturales. El informe identifica a Colón, Yoro y Atlántida como zonas de mayor peligro, donde luchar por los bosques y ríos implica riesgo de muerte.

En la investigación se advierte que el marco normativo actual resulta insuficiente. La fragmentación de las leyes sobre territorio, recursos y seguridad, sin una integración preventiva de derechos humanos, permite que decisiones administrativas y judiciales generen conflictos sin que existan mecanismos de protección ni evaluaciones de riesgo para los defensores. A partir de este diagnóstico, el estudio aconseja implementar acciones inmediatas: establecer un sistema de alerta temprana, garantizar el acceso a la consulta previa, libre e informada para comunidades indígenas y reforzar el Sistema Nacional de Protección bajo una lógica preventiva y territorial.

La abogada Canales remarcó: defender la naturaleza en Honduras “es en la actualidad una sentencia de muerte”. Ante las denuncias expuestas en el informe, la ministra Leda García Pagán afirmó que el gobierno ha orientado esfuerzos para fortalecer los mecanismos de justicia, siguiendo los compromisos asumidos por el presidente Nasry Asfura. García Pagán aseguró que los recursos destinados a la investigación y judicialización de delitos ambientales se están incrementando.

Actualmente, en Honduras, la impunidad que rodea el asesinato de defensores ambientales expone la vulnerabilidad de las comunidades y cuestiona la efectividad de las instituciones, según la información divulgada por ASJ y Conadeh.