La Comisión Técnica Liquidadora presentó este jueves su primer informe público sobre los procesos de supresión, liquidación y adscripción de diversas instituciones estatales, detallando una serie de hallazgos que serán remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Ministerio Público y a otras entidades competentes para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales. El informe fue presentado en Casa Presidencial por los integrantes de la comisión, creada para ejecutar los procesos de reorganización institucional ordenados mediante el PCM 004-2026. Durante la comparecencia se expusieron avances financieros, pagos de prestaciones laborales, transferencia de bienes estatales y diversas observaciones encontradas durante las auditorías y revisiones realizadas en las instituciones intervenidas.

PUBLICIDAD Uno de los hallazgos que más preocupación generó entre los comisionados fue la desaparición de memorias, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento pertenecientes a equipos informáticos institucionales. Según explicaron, el problema no se limita a la pérdida física de los aparatos, sino al destino desconocido de información pública que podría encontrarse almacenada en dichos dispositivos. Los integrantes de la comisión indicaron que promoverán las denuncias correspondientes para esclarecer el paradero de estos equipos y determinar si existió alguna responsabilidad en la pérdida o sustracción de información estatal.

La documentación encontrada será puesta a disposición de los organismos competentes para profundizar las investigaciones. El informe también identifica situaciones que podrían constituir irregularidades administrativas relacionadas con el manejo de recursos públicos y la gestión de personal. Según la Comisión Liquidadora, durante el proceso de revisión se encontraron registros de personas incorporadas en planillas institucionales sin evidencia suficiente que respalde la prestación efectiva de servicios.

Estas situaciones serán analizadas por las autoridades competentes para establecer si existió algún perjuicio para el Estado. PUBLICIDAD Los comisionados aclararon que su función consiste en documentar los hallazgos y remitirlos a las instancias correspondientes, las cuales serán las encargadas de determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los hechos identificados. Asimismo, anunciaron que buscarán el acompañamiento del Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República y otros organismos de control para garantizar la transparencia de las investigaciones.

Durante la presentación del informe, la comisión destacó los avances alcanzados en el pago de prestaciones laborales a empleados de las instituciones suprimidas. De acuerdo con los datos oficiales, se han destinado más de 126 millones de lempiras para cumplir con estas obligaciones laborales, alcanzando un nivel de ejecución superior al 95 por ciento. Aún permanecen pendientes algunos pagos que continúan en proceso administrativo.

PUBLICIDAD Las autoridades hicieron un llamado a las personas que todavía no han completado los trámites correspondientes para que se acerquen a la comisión y finalicen el proceso de recepción de sus prestaciones laborales. Otro de los aspectos destacados en el informe corresponde a los ahorros generados mediante la cancelación de contratos de arrendamiento utilizados por instituciones que fueron cerradas o absorbidas por otras dependencias gubernamentales. Según la comisión, estas acciones representan un ahorro mensual superior a los 2.9 millones de lempiras y un beneficio anual que supera los 35 millones de lempiras para las finanzas públicas.

Además, se informó sobre la transferencia de más de 5,000 bienes estatales valorados en aproximadamente 38 millones de lempiras hacia otras instituciones gubernamentales, con el propósito de optimizar recursos y fortalecer áreas consideradas prioritarias para la administración pública. PUBLICIDAD La comisión también informó que varias dependencias, programas y proyectos permanecen bajo análisis para determinar el uso de recursos, el cumplimiento de objetivos institucionales y el impacto de las inversiones realizadas. Los hallazgos documentados formarán parte de informes técnicos que serán remitidos a los órganos fiscalizadores para que desarrollen auditorías más profundas y determinen si existieron irregularidades durante la ejecución de fondos públicos.

Las autoridades indicaron que el proceso de liquidación y reorganización institucional continuará durante los próximos meses, mientras se completan las revisiones administrativas, financieras y patrimoniales de las entidades intervenidas. La Comisión Técnica Liquidadora reiteró que su objetivo es garantizar la correcta administración de los recursos públicos, proteger el patrimonio estatal y facilitar que los organismos competentes puedan investigar cada uno de los hallazgos identificados durante el proceso de revisión institucional. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD