El fallecimiento de la magistrada Miriam Barahona ha provocado conmoción en Honduras y expuso el debate sobre el acoso laboral y la utilización de mecanismos legales para limitar la libertad de funcionarios públicos. Su padre, José Antonio Barahona, denunció ante el Congreso Nacional que la magistrada fue sometida durante casi dos años a una persecución que, según afirmó ante la comisión legislativa, la privó de recibir un trasplante de hígado esencial para su supervivencia, conectando así el deterioro de su salud física y emocional con hechos atribuibles al magistrado Mario Morazán y al exfiscal Johel Zelaya. Relató que la situación judicial de su hija, incluyendo una orden de captura en curso, forzó a la familia a trasladarla clandestinamente fuera del país, lo que le impidió cumplir con sus citas médicas en Estados Unidos y acceder al trasplante de hígado originalmente programado para el 11 de marzo de 2026.

Antonio Barahona ostuvo que: “Si esta persona y el exfiscal no se hubieran unido, mi hija el 11 pasado habría recibido el trasplante de hígado y se hubiera salvado”. La muerte de la magistrada se registró el 23 de marzo de 2026, apenas días después de la fecha prevista para la intervención médica, intensificando el debate sobre el impacto del acoso prolongado dentro de las instituciones estatales. Asimismo narró ante el Congreso Nacional que el acoso comenzó el mismo 24 de marzo de 2021, día en que Mario Morazán asumió funciones en el Tribunal de Justicia Electoral.

Describió una cadena de hostigamiento diario que terminó por afectar tanto la estabilidad emocional de su hija como su estado físico, agravando su enfermedad hepática. El padre de la funcionaria sostuvo que los insultos y el trato agresivo respondían, en parte, a un componente de violencia de género. Expresó: “Todos los días cuando él la encontraba la insultaba.

Yo me imagino que se aprovechaba en su condición de mujer. Estoy seguro que si hubiera sido un hombre no hubiera tenido esa actuación”. También caracterizó a su hija como una profesional íntegra, dedicada a evitar conflictos y responder con dignidad ante las provocaciones.

Esta denuncia pública respondió al cumplimiento de una promesa hecha ante el féretro de la magistrada. “No diría argumentos, solo narrar el viacrucis que pasó mi hija con ese salvaje”, declaró José Antonio Barahona, en referencia a Morazán. Su testimonio ante la comisión legislativa es un elemento central para la reconstrucción de los hechos en el proceso de juicio político. El relato precisa que el hostigamiento persistente y las restricciones legales impidieron a Miriam Barahona acceder oportunamente al trasplante que requería, lo que, de acuerdo con la denuncia de su padre, la llevó a buscar atención médica en el extranjero en condiciones de clandestinidad.

El procedimiento quirúrgico estaba programado en Estados Unidos. No obstante, la amenaza de captura la mantuvo lejos de su equipo médico y, en palabras de José Antonio Barahona, esta interrupción resultó decisiva para el resultado final: “El deterioro físico de la magistrada se aceleró tras las dificultades para continuar con su tratamiento”, especialmente durante el periodo en que estuvo fuera del sistema médico que la atendía. La muerte de Barahona ha generado llamados para revisar las condiciones laborales en el Estado, con énfasis en el análisis de prácticas de hostigamiento hacia funcionarios públicos y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.

Sectores sociales y especialistas insisten en la importancia de incorporar la perspectiva de género en la evaluación y respuesta ante este tipo de denuncias. La denuncia contra Mario Morazán y Johel Zelaya aporta gravedad y complejidad al proceso de juicio político en desarrollo. La comisión legislativa responsable de la evaluación enfrenta el desafío de valorar tanto pruebas documentales como testimonios que exponen posibles patrones de abuso de poder y hostigamiento sistemático.