Milei volvió a hablar de intentos golpistas. Otra vez. Y acá conviene hacer una pausa conceptual, porque en la Argentina tenemos cierta tendencia a banalizar palabras muy graves.

Un golpe de Estado no es una crítica periodística, no es una tensión parlamentaria, no es una operación política ni una discusión pública. Un golpe de Estado es otra cosa. Implica ruptura institucional, violencia organizada, desconocimiento del orden democrático.

Ayer, por ejemplo, atacó de manera muy agresiva a la periodista Débora Plager, a quien acusó de ser “cómplice de un genocidio” por haber apoyado la ley de aborto. Más allá de la posición que cada uno tenga sobre la interrupción voluntaria del embarazo, semejante acusación es completamente desproporcionada y revela un deterioro muy serio del lenguaje presidencial. Porque el problema no es solamente el insulto.

El problema es la lógica que hay detrás del insulto. En el universo discursivo de Milei, quien piensa distinto no está equivocado: está moralmente degradado. Es un corrupto, un ensobrado, un mercenario o directamente un enemigo.

Ese tipo de construcción política puede ser eficaz para consolidar una base militante. De hecho, probablemente explique parte de la fortaleza política del oficialismo. Pero tiene costos institucionales evidentes.

Porque cuando el poder deja de tolerar la crítica, la democracia empieza lentamente a degradarse. Y después apareció otro comentario todavía más inquietante. Milei insinuó que periodistas o figuras públicas deberían exhibir patrimonios, ingresos y declaraciones juradas para demostrar transparencia.

Eso implica una confusión muy peligrosa entre funcionarios públicos y ciudadanos privados. Por supuesto, hay periodistas corruptos. Claro que los hay.

Como también hay empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, jueces corruptos y políticos corruptos. Pero la solución no puede ser que el Presidente utilice el aparato simbólico del Estado para intimidar o disciplinar a quienes lo critican. Ahí es donde aparece lo que algunos analistas empiezan a llamar el “riesgo Milei”.

No se trata de un riesgo económico; los mercados, de hecho, muchas veces conviven perfectamente con líderes de temperamento autoritario. El problema es otro: el deterioro gradual de la calidad democrática. La Argentina conoce muy bien los efectos del personalismo político.

Y sabe también que las democracias no suelen romperse de un día para otro. Primero se degrada el lenguaje público. Después se deslegitima al adversario.

Más tarde se cuestiona a la prensa, a la Justicia o al Congreso. Y finalmente aparece la idea de que el líder representa por sí solo la voluntad popular. Naturalmente, Milei no inventó esto.

La política argentina tiene una larguísima tradición de liderazgos confrontativos, mesiánicos y agresivos. Pero el problema sigue siendo el mismo, venga de donde venga: cuando el poder empieza a considerar al disenso como una amenaza existencial, la democracia entra en una zona de fragilidad. Y esa, probablemente, sea hoy la discusión más importante de la Argentina.

CS/fl