"Han hecho lo que han querido con nosotros porque somos pobres": el pueblo de Perú al que el Vaticano pidió perdón de rodillas por el despojo de tierras atribuido al Sodalicio De rodillas. Con este gesto inusual representantes de la iglesia católica pidieron perdón el sábado 23 de mayo a las comunidades campesinas herederas del pueblo indígena Tallán en Perú. Durante años denunciaron el despojo de sus tierras por parte de empresas ligadas al Sodalicio de Vida Cristiana, la agrupación religiosa ultraconservadora fundada en 1971 por Fernando Figari y que fue suprimida por orden del papa Francisco en abril de 2025.

La decisión del fallecido pontífice se dio luego de la investigación de las denuncias por abusos sexuales y corrupción que enfrentaba el Sodalicio en el país sudamericano. "Estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la iglesia. Hemos llegado tarde, tendríamos que haber llegado hace 20 años, y lo sentimos de verdad", dijo en la misa celebrada en la ciudad de Catacaos, en el noroeste de Perú, monseñor Jordi Bertomeu, enviado especial del Vaticano para la fase de disolución de la agrupación sodalicia en ese país. En conversación con BBC Mundo, Bertomeu aseguró que fue un momento emotivo en que sintió un peso histórico sobre sus hombros. "Conmovía estar junto a una representación de las autoridades eclesiales del Perú de rodillas frente a aquella gente tan pobre, que nunca han tenido el apoyo institucional de nadie", afirmó. "Sentí pena por haber llegado veinte años tarde y sobre todo vergüenza por lo que gente de iglesia a veces ha hecho y no ha querido asumir...

El Sodalicio ha sido una estructura abusiva que Francisco suprimió por el bien de las víctimas. León XIV quiere que aprendamos del error, porque esto no puede volver a repetirse", agregó. Sosteniendo flores blancas, miembros de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos presenciaron el gesto que calificaron como un acto de justicia. "Son ángeles enviados por Dios para escuchar las voces de nuestros comuneros, que hemos pedido a gritos auxilio y justicia", afirmó Percy Maza, comunero que denuncia haber sido perseguido y criminalizado por defender su tierra. "Han hecho lo que han querido con nosotros porque somos pobres, somos del campo, no conocemos las leyes", dijo Paula Sandoval, de 58 años y madre de Percy Maza. "Que los padrecitos, desde tan lejos, hayan venido a pedirnos perdón a nosotros nos conmovió.

Gracias a Dios ha llegado la justicia divina", agregó a BBC Mundo. Una transferencia dudosa Comuneros, abogados y periodistas que han investigado el caso explican a BBC Mundo que el presunto despojo de las tierras de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos se remonta a 1998. Sus derechos territoriales, según reclaman sus miembros, devienen de reconocimientos comunales de la época del Virreinato del Perú e incluso precoloniales.

Ellos aluden a que los predios les pertenecían colectivamente como herederos de los Tallán, considerado uno de los pueblos originarios más antiguos del norte de Perú. Al no tener títulos de propiedad individuales, el 18 de diciembre de 1998 se inscribió en los registros públicos una transferencia presuntamente fraudulenta de esos territorios. Los comuneros denunciaron que, mediante una supuesta asamblea, la comunidad habría decidido transferir casi 10.000 hectáreas de sus tierras a favor de 100 comuneros.

Dicen que los propios campesinos desconocían la realización de esa asamblea. Al tener acceso a los registros y cotejarlos, advirtieron que varios de los comuneros que supuestamente participaron estaban muertos al momento de la trasferencia o señalaban no haber firmado el acta. Los terrenos fueron transferidos en años posteriores por esos 100 comuneros en forma de aporte capital a la empresa Pampa Loma Vega, que los fue traspasando sucesivamente a otras empresas, entre ellas a la Asociación Civil San Juan Bautista, ligada al Sodalicio de Vida Cristiana, en 2012. "En ese momento nadie vinculaba todo lo que sucedía en Piura al Sodalicio.

No era conocido que había una vinculación tan clara entre el poder económico y religioso", dice a BBC Mundo la periodista Paola Ugaz, quien ha indagado por años los vínculos económicos de la organización religiosa en Perú. La Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) fue fundada por uno de los líderes históricos del Sodalicio en Perú y exarzobispo de Piura, José Antonio Eguren, quien luego sería expulsado de la organización por decisión del Vaticano. La ACSJB afirma que "es una persona jurídica civil, sin fines de lucro y completamente independiente". "Si bien comparte una identidad católica y ha tenido relaciones de cooperación con el Sodalicio de Vida Cristiana, no existe ni ha existido vínculo jurídico, patrimonial ni de subordinación institucional entre ambas entidades".

Eguren negó en 2024 ser "un personaje en una trama de tráfico de tierras en Piura". Consultada por BBC Mundo después del pedido de disculpas por parte del Vaticano, la ACSJB también rechazó haber participado de cualquier tipo de transferencia ilícita de esos terrenos. "La ACSJB rechaza categóricamente las acusaciones de despojo de tierras. En torno a este caso se ha venido construyendo una narrativa que busca atribuir responsabilidades a la ACSJB sin sustento jurídico ni verificación de los hechos", afirmó el vocero y abogado de la firma, Percy García Cavero. "Esa narrativa ha sido impulsada públicamente por el señor Jordi Bertomeu, pese a que la ACSJB ha respondido de manera expresa, documentada y sucesiva a dichas imputaciones en nuestros comunicados desde el año 2024", agregó la empresa.

La ACSJB aseguró que no hay ninguna decisión judicial contra la organización y que "la adquisición de terrenos en el año 2012 se realizó dentro del marco del sistema de propiedad formal reconocido por el ordenamiento jurídico peruano". El punto de inflexión La transferencia de los terrenos en 1998 no tuvo un impacto tangible en las comunidades. Pero eso cambió en diciembre de 2011.

Ese mes las comuneros cuentan que se sorprendieron al ver a varios grupos de desconocidos instalando cercos en predios que consideraban propios. Carlos Rodríguez, quien asesoró legalmente a la comunidad de Catacaos desde la Coordinadora de Derechos Humanos, aseguró que ante esto "se agruparon y tiraron abajo el cerco". Pero los foráneos volvieron a levantarlo de nuevo. "Y cuando los grupos advirtieron esto y los enfrentaron, lo que recibieron fue como respuesta disparos", dice Rodríguez.

Es en ese incidente donde se reportó la muerte del comunero Guadalupe Zapata Sosa. Su esposa fue una de las presentes en la misa del sábado 23 de mayo en Catacaos. Acudió junto a sus dos hijos.

Zapata fue reconocido por el Vaticano como uno de los "líderes indígenas fallecidos tras oponerse activamente al tráfico de tierras vinculado a empresas del Sodalicio", como consta en el comunicado que emitieron tras la homilía en su sitio de prensa oficial. No hay aún sentencias judiciales firmes que acrediten aquello. "Las opreaciones se realizaron dentro del circuito legal" Consultados por BBC Mundo, la ACSJB niega las acusaciones que los ligan con este caso. Desmiente el vínculo con el Sodalicio de Vida Cristiana y destaca que ellos adquirieron los terrenos de manera legal posterior a la controversia y que la Asociación no adquirió la propiedad de la comunidad campesina ni intervino en ese proceso de transferencia inicial, sino que lo hizo ante sus legítimos propietarios a la fecha de la compraventa, como consta en los registros de trazabilidad del terreno en cuestión enviados a BBC Mundo. "Las adquisiciones de tierras en la zona de Catacaos se realizaron en el año 2012 mediante compraventas a propietarios que figuraban como titulares legítimos en Registros Públicos, conforme al marco jurídico vigente en el Perú". "Estas operaciones se realizaron dentro del circuito legal, con trazabilidad registral, y forman parte de un proceso de transferencias previas entre particulares", afirma García Cavero. "La eventual controversia sobre el origen o validez de las transferencias previas —incluyendo aquellas que involucraron a comuneros— es anterior a la intervención de la Asociación y no puede ser atribuida a esta institución", agrega.

Sobre el caso de Guadalupe Zapata Sosa, la organización también ha rechazado cualquier vínculo con los enfrentamientos que terminaron con su fallecimiento. "Ocurrió en el año 2011 en el contexto de un enfrentamiento producido durante un proceso de desalojo en el Asentamiento Humano Miguel Grau, en una situación ajena a la participación de la Asociación Civil San Juan Bautista", afirma. Sobre la misa ofrecida por Bertomeu, la asociación señala que "respeta profundamente el valor espiritual y pastoral de toda acción religiosa", pero destaca que "resulta preocupante que, en el marco de estos actos, se haya contribuido a presentar como hechos probados acusaciones que nuestra institución ha rechazado y respecto de las cuales ha expuesto públicamente su posición". La empresa denuncia una campaña de difamación por parte del representante del Vaticano respecto de este caso y ya presentó dos querellas en su contra en España por delitos de injurias y calumnias. "No se dejen robar la tierra" La reciente disculpa de rodillas dio continuidad al mensaje que el papa Francisco emitió en abril de 2024 a la comunidad de Catacaos. "Yo sé lo que les pasó a ustedes.

Defiendan la tierra, no se la dejen robar", dijo el máximo pontífice en esa oportunidad. Un año antes, la comunidad había denunciado ante Bertomeu que las empresas ligadas al Sodalicio los estaban persiguiendo. La decisión de disolver en 2025 al Sodalicio de Vida Cristiana fue sustentada por el Vaticano, entre otras razones, por el presunto abuso en la administración de los bienes eclesiásticos, abuso de autoridad y encubrimiento de delitos.

Bertomeu asegura que, tras dos años de indagatorias, "en el Vaticano ha emergido la sospecha, a partir del análisis de la documentación económica que el mismo Sodalicio nos envió, de que este grupo habría operado tras una pantalla jurídica, tomando decisiones económicas a través de intermediarios o testaferros". La periodista Paula Ugaz explica que, según sus investigaciones, el Sodalicio desplegó un sofisticado mecanismo para enriquecerse en Perú. "Ellos son como un gran holding que tiene empresas lucrativas como inmobiliarias, constructoras, agroexportadoras y, a su vez, empresas no lucrativas, como universidades, colegios y cementerios. Pero entre ellas tienen negocios entre sí", dice la reportera.

Y agrega que el movimiento religioso se aprovechó del concordato que lo eximía de pagar impuestos para abultar sus ganancias en operaciones de triangulación. Esto también ha sido desmentido por las empresas ligadas al Sodalicio. La arista judicial De acuerdo con la Coordinadora de Derechos Humanos, en 2022 todas las causas que había contra los comuneros de Catacaos por tratar de recuperar las tierras fueron archivadas.

Pero en mayo pasado las comunidades sufrieron un revés judicial. La justicia peruana rechazó un recurso de amparo constitucional que buscaba, entre otras medidas, la restitución de las casi 10.000 hectáreas que, denuncian, les fueron despojadas. En su resolución, el Quinto Juzgado Civil de Piura declaró improcedente la demanda sin admitirla a trámite.

La decisión fue apelada, pero la Segunda Sala Civil de Piura confirmó el fallo. Según la defensa de los comuneros, la Sala justificó su decisión en que el caso se relaciona con un "supuesto actuar ilícito de comuneros en contubernio con una empresa privada", tratándose así de una controversia de "relevancia legal y no constitucional". Pero Rodríguez asegura que la vía civil no es una alternativa ya que los delitos en ese ámbito estarían prescritos. "Lo que se alega en el amparo es que esta es una comunidad indígena y como tal tiene protección constitucional y también del convenio 169 de la OIT, que garantiza que los pueblos indígenas sean consultados para la transferencia de sus territorios", agrega.

Recientemente la Comunidad San Juan Bautista de Catacaos fue incorporada en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura de Perú. Ahora, dicen los comuneros, solo les queda recurrir al Tribunal Constitucional del país, instancia en la que tampoco alojan demasiadas esperanzas. Para Ugaz -quien también fue querellada por la cúpula del Sodalicio tras publicar junto al periodista Pedro Salinas el libro en que revelaron los abusos de poder y sexuales cometidos por sus miembros, Mitad monjes, mitad soldados-, la justicia peruana ha fallado a las víctimas en este caso. "El poder comercial, económico y político del Sodalicio está vivito y coleando, por más que han sido suprimidos por la iglesia Católica", dice.

Bertomeu coincidió en que la justicia peruana debe hacer más. "Hemos detectado un país con una grave crisis institucional y esto hace que la denuncia de los comuneros de Catacaos, como la de otros pueblos originarios, pueda tener visos de realidad. La vulnerabilidad de las comunidades originarias ante la avidez de algunos empresarios debería ser tomada con más consideración por parte de las autoridades políticas y judiciales del Perú", afirmó. BBC Mundo se puso en contacto tanto con la Fiscalía de Perú como con el Poder Judicial para pedirles una versión sobre las acusaciones de las comunidades en este caso.

Hasta la publicación de este artículo aún no dieron una respuesta. De no obtener un veredicto favorable en las instancias internas que quedan pendientes, las familias afirman que evalúan recurrir a organismos internacionales. Pero por ahora se quedan con la disculpa del Vaticano y esperan una eventual visita del Papa León XIV a Perú a fines de este año.

El Vaticano les ha prometido un camino de reparación no solo simbólica, sino también económica. Bertomeu explicó que aún está pendiente la liquidación de los activos económicos que poseía el Sodalicio, con los que la Santa Sede busca compensar a las víctimas que han presentado su reclamación. "Con los bienes del Sodalicio hay que reparar a sus víctimas porque ellos son los que han causado los daños", señaló. La ACSJB, por su parte, reitera: "No existe sentencia ni decisión judicial que determine que la Asociación haya cometido delito alguno en relación con estos hechos".

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