Facundo Leal, quien estuvo al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), presidió la empresa estatal ARSAT y actualmente se desempeñaba como funcionario de esa compañía, fue arrestado este miércoles en el marco de un procedimiento judicial realizado en su vivienda del barrio porteño de Palermo. La medida fue ordenada por la Justicia en una causa que se encuentra bajo investigación. Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, durante el operativo los investigadores hallaron cerca de 2.400.000 dólares en efectivo, junto con divisas de otros seis países.

Además, se secuestraron distintas sustancias prohibidas, entre ellas ketamina, cocaína y drogas sintéticas en diversas presentaciones, elementos que quedaron incorporados a la causa para su análisis pericial. Leal, que tiene un largo recorrido en el sector público, fue apadrinado en sus comienzos por el ex gobernador de Mendoza Rodolfo “Rolo” Gabrielli, con quien compartió la función pública no sólo en la empresa de tecnología satelital sino también en la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC). El funcionario detenido fue secretario de Gabrielli y luego recaló en Infraestructura durante el primer mandato kirchnerista en donde tuvo problemas con el entorno del ex ministro Julio De Vido La investigación judicial que comenzó por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT terminó con un hallazgo que modificó el alcance político, económico y penal del expediente.

En uno de los allanamientos ordenados esta semana, los agentes encontraron en un departamento de Palermo casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, una cantidad no precisada de cocaína y más de US$650.000 en efectivo. El caso no había nacido con ese objetivo. Tampoco tenía al narcotráfico ni al dinero en efectivo como hipótesis de trabajo.

El expediente se inició cuando comenzó la gestión de Javier Milei, a partir de una pesquisa por la sustracción de equipos tecnológicos de ARSAT. La causa quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez. Ese punto de partida marca una diferencia central para leer el caso.

La investigación no avanzó desde una denuncia por drogas ni desde un seguimiento patrimonial sobre movimientos de dinero. El eje original estaba puesto en bienes de una empresa estatal estratégica, con equipamiento de alto valor y una posible afectación sobre activos tecnológicos. Pero las medidas de prueba abrieron otro plano.

A medida que avanzaron los cruces de información, los investigadores incorporaron nuevas líneas de análisis. El expediente empezó a tomar otro volumen cuando, dentro de teléfonos secuestrados, aparecieron indicios que llevaron a revisar posibles hechos de corrupción en contratos de la empresa. Ese cambio no desplazó necesariamente la hipótesis inicial, pero amplió el mapa de intereses alrededor de ARSAT.

La causa pasó, así, de un robo de equipamiento a un expediente con derivaciones más sensibles. En términos de poder, el movimiento no es menor: ARSAT no es una firma cualquiera dentro del Estado. Sus contratos, sus equipos y su información tienen un valor técnico, económico y político.

Por eso, cualquier indicio sobre sus circuitos internos coloca la investigación en una zona de mayor exposición institucional. El resultado de esa ampliación fue una batería de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos ejecutados esta semana en distintos puntos. Uno de esos procedimientos tuvo como destino el departamento de Leal, ubicado en Palermo.

Allí se produjo el hallazgo que terminó por agregar una dimensión inesperada al caso. Según surge de la información incorporada al expediente, lo encontrado en ese domicilio no guardaba una relación directa con el robo de equipos que había originado la causa. Al menos, no de manera evidente.

Esa precisión es clave: el operativo llegó hasta ese lugar por el curso de una investigación federal sobre ARSAT, pero el resultado concreto del allanamiento abrió una escena distinta. En el departamento se secuestraron casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA. También fueron halladas más de 70 pastillas de MDMA y una cantidad indefinida de cocaína.

La aparición de esas sustancias introdujo una línea penal ajena al diseño original del expediente y obligó a los investigadores a separar, ordenar y determinar vínculos posibles entre los distintos elementos encontrados. El dinero en efectivo agregó otra capa. Los agentes encontraron más de US$650.000, alrededor de 2.000.000 de pesos argentinos y moneda extranjera de distintos países: pesos uruguayos, mexicanos y colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos.

La variedad de divisas no prueba por sí sola una estructura, pero sí impone una pregunta judicial sobre origen, destino y finalidad. Ese es ahora uno de los puntos de tensión del caso. La causa había empezado por tecnología sustraída y pasó a incluir indicios sobre contratos de una empresa estatal.

En ese recorrido, un allanamiento derivó en drogas sintéticas, cocaína y una suma significativa de dinero en efectivo. La investigación deberá establecer si se trata de hechos desconectados o de piezas de una trama más amplia. La secuencia también muestra un dato político: una pesquisa lanzada al inicio de la gestión Milei sobre una empresa estatal terminó por exponer posibles zonas de opacidad contractual y, en paralelo, un hallazgo sin conexión directa aparente con el robo inicial.

Esa combinación eleva el costo institucional del expediente, porque ya no se limita a determinar quién sustrajo equipamiento. El juzgado de Mirabelli y la fiscalía de Domínguez tienen ahora un caso que se expandió por la propia dinámica de la prueba. Los teléfonos secuestrados, los cruces de datos y los allanamientos reordenaron el tablero.

El expediente deberá fijar responsabilidades, pero también delimitar qué pertenece al robo original, qué corresponde a eventuales irregularidades en contratos y qué explicación judicial tendrá el dinero y la droga secuestrados en Palermo.