La investigación y el eventual esclarecimiento de la filtración informática en Casa de Gobierno no tendrán persecución penal y, en todo caso, un nuevo proceso judicial dependerá de si el gobernador Alberto Weretilneck acciona como afectado particular. En los últimos días, el juez Adrián Dvorzak consideró inadmisible y rechazó un recurso presentado por la fiscal Yanina Estela Passarelli donde cuestionaba una resolución previa del magistrado donde consideró la causa en trámite de acción privada y, en consecuencia, archivó el expediente penal por una cuestión procesal. En definitiva, la instancia penal se clausuraría porque, según trascendió, la Fiscalía desestimaría el recurso de queja para insistir con su participación en la investigación.

Así, el impulso de la investigación de lo ocurrido -que tiene un acusado, que la Justicia no permite identificar- ya dependerá del afectado de la filtración: el gobernador Weretilneck. Dvorzak declaró “la inadmisibilidad formal” del planteo presentado por la fiscal y esa decisión deja firme el criterio adoptado inicialmente cuando entendió que el caso en análisis se encuadraba en un delito de acción privada. En su postura, el juez no avanzó en la existencia del acceso ilegal al sistema informático de Casa de Gobierno ni la determinación de responsabilidades.

Su opinión se concentró en lo exclusivamente procesal. En su resolución, Dvorzak había interpretado que los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal, vinculados con el acceso no autorizado a sistemas informáticos y los datos personales, quedaban comprendidos dentro de las figuras de violación de secretos y privacidad. Por esa razón, entendió que requerían la iniciativa del afectado.

La Fiscalía había cuestionado esa interpretación y sostenido que esos delitos son de acción pública. Ahora, el juez recepcionó esa impugnación y consideró que las críticas de la fiscal se limitaron a “aspectos subjetivos de la decisión tomada” y que no aportaron argumentos suficientes para demostrar una afectación concreta de derechos ni la arbitrariedad de la resolución. La filtración en Casa de Gobierno El hecho ocurrió a fines de junio y se conoció cuando parte del legajo del mandatario -su recibo salarial- apareció en dependencias de Casa de Gobierno.

Frente a la filtración, Weretilneck convocó a personal de Altec para conocer lo ocurrido y, luego, se formalizó una denuncia penal del “hackeo”, con la identificación del supuesto responsable, un agente público. En su requerimiento, el gobierno provincial interpreta que lo denunciado se encuadra en los delitos de “acceso ilegítimo a sistemas informáticos”, conocido como “hackeo”, y que prevé penas de 15 días a un año (artículo 153 bis), y también el “acceso ilegítimo a bancos de datos personales” (artículo 157 bis). Además, interpreta que esa conducta podría encuadrarse en el delito de peculado (artículo 260).

En la gacetilla de entonces, el gobierno informó que se trató de una “filtración de información reservada de sus sistemas informáticos”; incluso se reconoce el acceso a “recibos de sueldos de integrantes del Ejecutivo, entre ellos, el propio gobernador”. Se indicó que la intervención de Altec permitió “determinar cuál fue el equipo informático” usado y el mismo fue retirado por la empresa. Simultáneamente, la actuación de Altec derivó en versiones erróneas y «fake news» de fuerte impacto, a partir de publicaciones donde se indicaba que una delegación de la Justicia Federal había retirado una computadora de Weretilneck en Casa de Gobierno y se lo vinculaba con la causa penal de la AFA.

La investigación y el eventual esclarecimiento de la filtración informática en Casa de Gobierno no tendrán persecución penal y, en todo caso, un nuevo proceso judicial dependerá de si el gobernador Alberto Weretilneck acciona como afectado particular.