Hace apenas tres meses, Australia puso en marcha una de las regulaciones más ambiciosas que se han planteado hasta ahora sobre redes sociales y menores. La medida entró en vigor el 10 de diciembre de 2025 con un mensaje claro: obligar a las plataformas a impedir que los menores de 16 años tengan cuentas y devolver a las familias parte del control sobre la vida digital de los más jóvenes. Desde el primer momento se presentó como una iniciativa pionera, pero también se asumió algo importante desde el principio: aplicarla no iba a ser sencillo.

Las primeras dudas. La norma ya ha entrado en su fase más delicada, comprobar si realmente se está aplicando como estaba previsto. El regulador eSafety ha abierto la primera revisión formal y ha puesto bajo escrutinio a plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube.

El organismo habla de “preocupaciones significativas” y apunta a fallos en los mecanismos de control. Señala, además, que los sistemas actuales no están impidiendo de forma efectiva que quienes quedan por debajo de ese umbral sigan abriendo nuevas cuentas. Cómo se están colando los menores.

El informe de va más allá de una advertencia general y pone el foco en fallos muy concretos de los sistemas de control. Se ha detectado que que no existen salvaguardas suficientes para impedir que usuarios por debajo de la edad permitida creen nuevas cuentas, pero también algo más llamativo: algunas plataformas permiten repetir los procesos de verificación hasta que el usuario logra superarlos. También en ciertos casos se invita a estos perfiles a demostrar que cumplen el requisito de edad incluso después de haber indicado que no lo hacen, lo que evidencia incoherencias en la aplicación de los controles.

Un problema que ya se anticipaba. Las dificultades para aplicar la norma no han surgido ahora, ya estaban sobre la mesa desde el primer día. Cuando la ley entró en vigor, el propio Gobierno australiano admitió que su implementación no sería perfecta, y las primeras señales apuntaban en esa dirección.

Según ABC, algunos menores lograron esquivar los sistemas de verificación con trucos básicos, como alterar su apariencia en los controles faciales. El propio medio también advertía de que padres y hermanos mayores podían ayudar a algunos niños a sortear las restricciones, una señal temprana de que el desafío no estaba solo en aprobar la ley, sino en conseguir que funcionara de verdad. Lo que está en juego para las plataformas.

La investigación abierta por eSafety no se queda en un diagnóstico, abre la puerta a posibles sanciones si se demuestra que las empresas no han tomado medidas razonables para impedir que los menores afectados por la norma tengan cuenta. Reuters apunta que las multas pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos y afectan a los mencionados servicios y plataformas. El regulador ya ha comenzado a recopilar pruebas y espera cerrar al menos parte de sus investigaciones a mediados de año, lo que sitúa a las tecnológicas ante un escenario en el que el incumplimiento ya no es solo un riesgo reputacional.

El espejo español. Lo que está ocurriendo en Australia ayuda a poner en contexto un debate que también ha ganado peso en España, aunque aquí se encuentre en otro punto. Pedro Sánchez anunció en febrero que el Gobierno quiere prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años dentro de un paquete más amplio de medidas sobre verificación de edad, trazabilidad del odio y responsabilidad de los directivos tecnológicos.

La diferencia clave es que esa prohibición no ha entrado en vigor ni se está aplicando. Aun así, el caso australiano ofrece una referencia útil para anticipar qué tipo de desafíos pueden aparecer cuando una medida así pasa del anuncio político a la ejecución real. Imágenes | cottonbro studio