En un contexto global atravesado por la volatilidad del precio del petróleo y tensiones geopolíticas, la Argentina dio un paso que reaviva el debate energético y productivo. La reciente Resolución 79/2026 habilitó un cambio clave: las refinadoras podrán incorporar hasta un 15% de bioetanol en las naftas, una medida que, aunque voluntaria, fue interpretada como una señal relevante para el agro y la industria. El dato no es menor. Hasta ahora, el corte obligatorio se mantenía en el 12%, dividido en partes iguales entre caña de azúcar y maíz. Con esta modificación, las empresas tienen margen para incrementar la participación de biocombustibles sin alterar las condiciones de calidad exigidas. Un cambio técnico que impacta en toda la cadena La medida llega en un contexto internacional atravesado por la suba del precio del petróleo, lo que revaloriza a los biocombustibles como alternativa económica y estratégica. En este marco, referentes del sector coinciden en que cada punto adicional de mezcla representa menos importaciones de combustibles fósiles y más valor agregado para materias primas como el maíz y la caña de azúcar. Desde las provincias productoras, el mensaje fue claro. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo en X que el avance elimina barreras que durante años limitaron el crecimiento del sector. Además, planteó que ya no hay excusas para no incrementar el corte en el surtidor y avanzar hacia una mayor participación de los biocombustibles en la matriz energética. En términos concretos, la normativa no obliga a las empresas a modificar sus mezclas, pero les da la posibilidad de hacerlo dentro de los parámetros de calidad vigentes. Esto implica que aquellas refinadoras que opten por aumentar el contenido de bioetanol podrán reducir la proporción de componentes fósiles, avanzando hacia combustibles con menor dependencia del petróleo importado. El trasfondo del cambio es técnico, pero sus consecuencias son económicas. La actualización del parámetro de contenido de oxígeno en las naftas era una condición necesaria para habilitar mezclas superiores sin comprometer la calidad. Con este ajuste, el límite que impedía avanzar hacia el E15 quedó eliminado. Actualmente, el corte obligatorio de bioetanol se mantiene en el 12%, mientras que el biodiésel se ubica en el 7,5%. Sin embargo, el sistema muestra señales de agotamiento frente a un contexto que exige mayor flexibilidad y competitividad. Según estimaciones privadas, Argentina importa cerca del 15% de los combustibles que consume, un dato que refuerza la necesidad de potenciar la producción local. Desde la industria del bioetanol, el nuevo escenario es visto como una oportunidad concreta. El director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, aseguró que el país está en condiciones de abastecer un incremento en la demanda gracias a la capacidad instalada disponible. En la actualidad, el mercado consume alrededor de 1,2 millones de metros cúbicos anuales, pero con la posibilidad de avanzar hacia mezclas más altas ese volumen podría crecer de manera significativa. El impacto no se limita al abastecimiento. Según plantean desde el sector, una mayor utilización de bioetanol podría traducirse en menos salida de divisas, mejores precios para los consumidores y un impulso directo a las economías regionales. La cadena productiva vinculada al maíz y la caña de azúcar aparece como una de las principales beneficiadas. A su vez, entidades del sector remarcan que el bioetanol cumple un rol clave en la mejora de la calidad de los combustibles, al elevar el octanaje y favorecer una combustión más eficiente. A esto se suma el componente ambiental, ya que su uso contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. En paralelo, la discusión se traslada al plano político. Referentes de la industria coinciden en que el carácter voluntario de la medida deja abierto el principal desafío: avanzar hacia una nueva legislación que establezca mayores cortes obligatorios y brinde previsibilidad a largo plazo. En este sentido, el reclamo apunta a superar el actual esquema de cupos y regulaciones que, según sostienen, limita el desarrollo del sector. Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles, su presidente, Luis Zubizarreta, destacó que el aumento en el uso de biocombustibles podría tener un doble impacto: por un lado, aliviar la presión sobre los precios en el surtidor y, por otro, impulsar la producción agroindustrial. Según explicó, en un escenario de petróleo caro, los biocombustibles no solo son más competitivos, sino también más sustentables. En la misma línea, el titular de la Cámara de la Industria Aceitera y referente del sector exportador, Gustavo Idígoras, consideró que el nuevo escenario debería ser el punto de partida para una discusión más amplia en el Congreso. Planteó que, en un contexto internacional marcado por la suba del petróleo, la Argentina necesita avanzar hacia un mayor uso de biocombustibles y dotar al sector de un marco normativo actualizado que permita escalar la producción y consolidar inversiones. El planteo es compartido por otros actores de la cadena, que ven en este momento una oportunidad para redefinir la política energética. La posibilidad de sustituir importaciones, generar empleo y fortalecer el entramado productivo del interior aparece como uno de los ejes centrales del debate. En ese contexto, también se suma el pedido de avanzar con un nuevo marco normativo en el Congreso. Desde el sector consideran que la actual legislación quedó desactualizada frente a los cambios del mercado y a las experiencias internacionales, donde los biocombustibles tienen una participación creciente. La habilitación del E15, entonces, no es solo un ajuste técnico. Es una señal que reabre una discusión de fondo: cómo y con qué velocidad Argentina está dispuesta a transformar su matriz energética. Y en ese camino, el agro busca consolidarse como protagonista de una disputa que combina producción, energía y desarrollo. Expansión de la red con impacto productivo En tanto, la habilitación del nuevo Punto Bio en San Francisco se inscribe en una política más amplia de la provincia de Córdoba orientada a consolidar el uso de biocombustibles en el transporte público y en las operaciones estatales. Con esta infraestructura, el sistema suma capacidad logística para abastecer de manera eficiente a flotas que cumplen funciones clave en el territorio. El esquema no solo apunta a la cuestión ambiental, sino también a fortalecer el entramado productivo local. La incorporación de biodiésel elaborado a partir de soja cordobesa permite cerrar un circuito que agrega valor en origen y dinamiza la economía regional, especialmente en zonas vinculadas al agro. A nivel operativo, el nuevo punto de carga incorpora tecnología que garantiza control, trazabilidad y seguridad en el suministro. Esto resulta clave para el funcionamiento de flotas intensivas, como las vinculadas a seguridad, energía y mantenimiento de caminos rurales, que requieren abastecimiento constante y confiable. En paralelo, la expansión de estos centros forma parte de una estrategia de mediano plazo que busca ampliar la red en distintos puntos de la provincia. La meta es avanzar hacia un modelo energético más sustentable, con mayor participación de biocombustibles y menor dependencia de combustibles fósiles.