Las críticas contra los decretos del Gobierno nacional desataron un nuevo choque político, esta vez entre el presidente Gustavo Petro y el ex consejero presidencial Hassan Nassar. El cruce surgió después de que el exfuncionario del gobierno de Iván Duque cuestionó los constantes reveses jurídicos que enfrentan varias decisiones del Ejecutivo ante las altas cortes. Todo comenzó con un mensaje publicado por Nassar en su cuenta en la red social X, en el que responsabilizó al equipo jurídico de la Presidencia por las decisiones que tumbaron distintos decretos expedidos por el Gobierno.

El exfuncionario descartó que las cortes actuaran por razones políticas y apuntó directamente contra quienes asesoran al mandatario. PUBLICIDAD “Si te tumban todos los decretos, la culpa no es de la corte o de los magistrados, es del inepto que nombraste secretario jurídico de la presidencia (sic)”, escribió Hassan Nassar. La publicación del activista político cercano al Centro Democrático provocó una respuesta inmediata del presidente Petro, que rechazó la acusación y defendió la manera en la que el Gobierno elabora sus decretos.

PUBLICIDAD “Primero, los decretos no se hacen en la Secretaría Jurídica de Presidencia, sino en todas las ramas del gobierno de manera conjunta”, contestó el mandatario. Con esa afirmación, Petro buscó aclarar que las decisiones legales del Ejecutivo pasan por distintas instancias y no dependen de una sola oficina dentro de la Casa de Nariño. El presidente después dirigió sus críticas hacia las decisiones que afectan las iniciativas de su administración.

Petro sostuvo que existe una intención de bloquear varias propuestas impulsadas desde su Gobierno nacional y afirmó que los fallos contra los decretos frenan el cumplimiento del programa con el que ganó las elecciones. PUBLICIDAD “Segundo, cuando se dedican a tumbar decretos de manera sistemática, no estamos; no es el derecho el que actúa, sino el bloqueo político para que no se haga realidad el programa elegido por el pueblo”, expresó el jefe de Estado en su post de X. El presidente Gustavo Petro cerró su respuesta con una referencia al término “lawfare” (guerra jurídica), que hace referencia al uso del sistema judicial y de herramientas legales con fines políticos para perseguir, desacreditar o frenar a un adversario, concepto que el mandatario usa con frecuencia en este tipo de discusiones.

PUBLICIDAD “Se le llama a eso en inglés ‘lawfare’”, escribió el presidente al final de su publicación. ¿Cómo se elaboran los decretos presidenciales en Colombia? Los choques entre el Gobierno nacional y las altas cortes pusieron sobre la mesa una pregunta clave dentro del sistema jurídico colombiano: ¿qué necesita un decreto presidencial para evitar que sea tumbado por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional?

La respuesta involucra una cadena de revisiones técnicas, jurídicas y políticas que empieza en los ministerios y termina en la Casa de Nariño. PUBLICIDAD En Colombia, la elaboración de un decreto no depende únicamente de la firma del presidente. El proceso arranca en el ministerio encargado del tema.

Allí, los equipos jurídicos redactan el borrador y sustentan las razones técnicas y legales que justifican la medida. Después aparece la Secretaría Jurídica de la Presidencia, oficina encargada de revisar que el documento no contradiga la Constitución ni leyes vigentes (la que nombró Hassan Nassar). PUBLICIDAD La Constitución Política, en su artículo 115, establece además que el presidente debe firmar los decretos junto al ministro correspondiente.

En casos de decretos legislativos, como los expedidos durante estados de excepción, la exigencia resulta aún más estricta: todos los ministros deben firmar el texto. La ausencia de una sola firma puede provocar la caída inmediata del decreto. PUBLICIDAD En los requisitos de forma, las autoridades judiciales verifican que el decreto cite la facultad constitucional o legal que autoriza al presidente para expedirlo, que tenga las firmas obligatorias y que aparezca publicado en el Diario Oficial.

También revisan la motivación del acto administrativo, es decir, los argumentos jurídicos y técnicos que justifican la decisión. El análisis de fondo suele representar el mayor obstáculo, ya que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional estudian si las medidas adoptadas resultan necesarias, proporcionales y acordes con la Constitución. Además, revisan que el Gobierno no invada funciones reservadas al Congreso ni limite derechos fundamentales por medio de decretos reglamentarios.

PUBLICIDAD ¿Por qué las altas cortes frenaron decretos del Gobierno Petro? El Gobierno Petro sufrió varios frenos en las altas cortes por decretos y decisiones que buscaban aplicar medidas rápidas en temas económicos, energía y orden público. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2023, cuando la Corte Constitucional tumbó la emergencia en La Guajira al considerar que la crisis en esa región llevaba años y no correspondía a una situación inesperada.

Después, en 2026, el alto tribunal anuló otra emergencia económica decretada por el Gobierno al señalar que el Ejecutivo excedió sus funciones. También aparecieron choques por decisiones relacionadas con tarifas de energía, ceses al fuego con grupos armados y recursos pensionales. El Consejo de Estado suspendió decretos al considerar que algunas medidas debían pasar primero por el Congreso o necesitaban estudios técnicos más sólidos y las cortes, además, advirtieron que el Gobierno no puede asumir funciones de organismos independientes mediante decretos presidenciales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD