El debate por el marco regulatorio del uso de tecnologías aplicadas al campo volvió a instalarse con fuerza en la agenda agroindustrial. En un escenario donde el sector productivo recalcula sus márgenes de cara a los próximos ciclos productivos, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, sentó una posición contundente respecto a la necesidad de actualizar la Ley de Semillas en la Argentina. Para el dirigente cooperativista, el reconocimiento económico del esfuerzo científico y el desarrollo genético no solo constituye un acto de justicia comercial, sino que representa el único puente posible para dar un salto cuantitativo en los volúmenes de cosecha y lograr que el país alcance metas productivas sin precedentes.

Las declaraciones del referente de la entidad ruralista surgen en un momento clave de reordenamiento de políticas para el sector. Al analizar la coyuntura del sector agropecuario, Magnano destacó la dirección que viene trazando el Gobierno nacional en materia económica, expresando un claro alineamiento con el norte fijado por la administración central. Si bien reconoció que la realidad del entramado rural es dispar, con sectores que atraviesan un buen presente y otros que se encuentran visiblemente más rezagados, ponderó positivamente las decisiones adoptadas hasta el momento, con la expectativa de que se avance decididamente en un sendero de reducción de la presión impositiva.

Un debate estratégico La controversia en torno a las patentes y los derechos sobre las obtenciones vegetales arrastra décadas de discusiones inconclusas en los pasillos del Congreso nacional y en las mesas de las entidades. Sin embargo, desde Coninagro buscan dejar atrás los históricos puntos de conflicto y construir consensos con el resto de las organizaciones de la mesa de enlace para unificar criterios que permitan destrabar el ingreso de nuevos materiales biotecnológicos. “Entendemos que hoy existe un uso sin pago de tecnología. Nos hemos puesto de acuerdo entre las distintas entidades en que la tecnología hay que reconocerla y hay que pagar por ella”, aseveró el titular de Coninagro.

De acuerdo con la visión de la entidad, este reconocimiento económico es el incentivo indispensable para que las empresas semilleras y los laboratorios vuelvan a volcar sus mejores materiales genéticos al mercado local, simplificando los procesos y brindando herramientas más eficientes para blindar los rindes frente a las inclemencias climáticas o las plagas. El horizonte que proyectan los cooperativistas es ambicioso: la llegada a las 200 millones de toneladas de producción global. Para Magnano, este número ideal dejará de ser una utopía únicamente si se genera un marco de reglas claras que estimule la inversión privada. “Bajo ese parámetro, consideramos que es sumamente importante discutir la normativa vigente y mejorarla en todo aquello que sea necesario”, amplió.

Asi dejó la puerta abierta a una reforma integral del sistema de comercialización de semillas. Por otra parte, la cúpula de Coninagro remarcó que las proyecciones de crecimiento del agro deben estar indisolublemente ligadas a una baja gradual de las retenciones, una promesa oficial que los productores esperan ver plasmada en el corto plazo para recuperar competitividad exportadora. El resguardo para los acopios A la par de este contundente respaldo a la innovación, la entidad cooperativa emitió una postura institucional rígida sobre cómo instrumentar los cambios en la normativa sin golpear la logística del negocio.

Desde Coninagro remarcaron de forma tajante que resulta indispensable que la implementación de este sistema no genere nuevas cargas operativas, costos extra o responsabilidades legales para las cooperativas, acopios y demás operadores de la cadena comercial, quienes suelen quedar en el medio de las disputas entre los laboratorios y los agricultores. Para la organización, la adecuada arquitectura de la norma requerirá de una delimitación de las responsabilidades entre el Estado, los dueños de las patentes, los laboratorios intervinientes y las terminales de comercio. En ese sentido, advirtieron que cualquier mecanismo de control que se pretenda implementar de ahora en más en las plantas de acopio debe procurar un equilibrio milimétrico que combine la protección indispensable de la propiedad intelectual, la competitividad general del sistema productivo y el normal funcionamiento cotidiano de los eslabones de la cadena agroindustrial, evitando burocracias que traben los flujos de granos.

Por otra parte, la cúpula de Coninagro remarcó que las proyecciones de crecimiento del agro deben estar indisolublemente ligadas a una baja gradual de las retenciones, una promesa oficial que los productores esperan ver plasmada en el corto plazo para recuperar competitividad exportadora. Con una postura que combina el respaldo político al oficialismo y una firme defensa de la modernización tecnológica, el cooperativismo agrario busca liderar una discusión que considera vital para asegurar el recambio productivo y el futuro de las próximas generaciones que deciden apostar y quedarse a trabajar en el interior del país.