La consolidación de una mayoría parlamentaria -sumando aliados- en el Congreso estimuló al Gobierno a presentar un nuevo paquete de leyes que determinarán su agenda de prioridades legislativo incluso más allá del receso de invierno. Este martes avanzó en esa dirección con el envío de cuatro proyectos: dos elevados al Senado (Ludopatía y Etiquetado Frontal) y otros dos a Diputados (Súper RIGI y Lobby). Este último, con alcances concretos más abstractos, es uno de los que mejor recepción tuvo a pesar de las trabas que la impidieron sancionarse en las últimas tres décadas.

Desde la presidencia de Carlos Menem, quien presentó él mismo un proyecto para formalizar un registro de lobbistas, comenzaron los intentos por transparentar el esquema de intereses que atraviesan a empresarios y políticos. Incluso Patricia Bullrich en 1997, cuando era diputada nacional electa por el PJ, redactó su documento para sancionar a aquellos que no hagan públicas sus reuniones. Casi 30 años después, este mismo martes, la propia Bullrich discutió el nuevo proyecto en Casa Rosada con la mesa política libertaria, en una reunión que duró alrededor de dos horas y funcionó para revisar los tiempos parlamentarios del nuevo paquete de leyes.

A horas de la presentación oficial del proyecto, que tendrá giro a una comisión recién el miércoles, la mesura rige en los bloques que vienen garantizándole la mayoría al Gobierno desde el recambio de composición parlamentaria. Aún mientras la redacción está en análisis de asesores, desde uno de los partidos aliados anticipan su apoyo a la iniciativa, señalando que “es necesario poder avanzar de verdad con herramientas que permitan transparentar el ejercicio de la función pública”. El oficialismo tiene elementos para ser optimista con el nivel de apoyo.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el PRO y el radicalismo de ambas Cámaras presentaron propuestas con características similares. “Espero que salga”, señaló Karina Banfi -radical autora de una propuesta en el 2024- para este medio, pero advirtió sobre los tiempos libertarios: “Lo más importante es que no usen estos proyectos tan importantes para la calidad institucional como moneda de cambio, como hicieron con Ficha Limpia”. Se refiere a uno de los requerimientos de los aliados, que buscan separar Ficha Limpia del plan de reforma electoral que presentó el Gobierno. Horas después, en declaraciones a Futurock, Miguel Pichetto (que es autor de propuestas similares como senador y diputado) anticipó su visto bueno: “Me parece importante transparentar el proceso de gestión y las relaciones de influencia con el Estado, especialmente en concesiones y contratos, donde se mueven intereses de gran trascendencia".

El diputado también pidió "un debate en serio" y sujetó su eventual apoyo a "cómo se desarrolle” el tratamiento. Aún con su instintivo rechazo a las propuestas de La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria remarcaron durante los últimos dos años la falta de transparencia en las negociaciones de leyes por fuera del ámbito parlamentario. ¿Cómo argumentarán su rechazo a este caso?

Una insinuación apareció desde Provincias Unidas, otros de los bloques que aporta votos negativos a los proyectos oficialistas. “El gobierno de Javier Milei envía un proyecto de ley para transparentar el ‘lobby’ junto a otro proyecto que es lobby directo de Peter Thiel (Súper RIGI). Además llega tarde la transparencia luego de la aprobación de leyes redactadas por los lobbies minero, del gas, industrias farmacéuticas, grandes empresarios”, planteó el diputado Esteban Paulón en sus redes sociales. Lo que apunta podría extenderse a la ley de ludopatía y a la eliminación del etiquetado frontal.

Ley de Lobby: qué dice el proyecto El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de presentar el proyecto de ley de “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”. “Para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién”, detalló. Dentro de sus 47 artículos, algunos puntos importantes son: - Alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en gestiones vinculadas a leyes, actos administrativos, políticas públicas, contrataciones, habilitaciones y otros beneficios estatales. - Establece como "actividades no alcanzadas" las comunicaciones de "carácter meramente protocolar, social o institucional y las actividades académicas [...] siempre que no tengan por objeto influir en una decisión pública". También es una excepción para exfuncionarios cuando gestionen “intereses colectivos o difusos”. - Se crea el Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir las personas o empresas (nacionales o extranjeras) que realicen gestiones de intereses en el ámbito del Gobierno y el Congreso.

Sólo ellos estarán habilitados a hacerlo. - Los gestores de intereses inscriptos deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación pertinente un reporte trimestral de actividades. - No podrán actuar como gestores de intereses funcionarios públicos hasta dos años después de haber finalizado sus funciones. - Las autoridades de aplicación serán dispuestas por el Poder Ejecutivo y las secretarías administrativas de ambas Cámaras. - Establece sanciones de apercibimiento, multas (de hasta 500 SMVM, con agravantes de hasta 2000 SMVM), suspensión del registro (hasta 12 meses, con agravante de inhabilitación definitiva) y penas de prisión (de hasta 3 años).