El reclamo de los sindicatos se fundamenta en un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que redujo del 8% al 6% la alícuota extraordinaria impuesta por la Ley 11.087 a un aportante individual, lo que para el arco gremial representa un claro mensaje político contra la denominada «Ley de Equidad Previsional». El impacto de los fondos nacionales Un elemento clave en la resolución del TSJ, y que los gremios utilizan como principal argumento, es el cambio en el escenario financiero de la Provincia. El máximo tribunal cordobés reconoció que el contexto varió sustancialmente tras el acuerdo alcanzado entre Córdoba y la ANSES, mediante el cual el organismo nacional transferirá 120 mil millones de pesos al sistema previsional provincial (a razón de 10 mil millones mensuales hasta abril de 2027).

Para los sindicatos, el arribo de estos fondos nacionales quita cualquier justificativo técnico para mantener el nivel de descuento sobre los salarios. «El TSJ señala expresamente que las autoridades competentes deberán disminuir progresivamente los aportes establecidos», remarcaron desde el Frente, advirtiendo que la Justicia comenzó a darle la razón a los planteos que calificaban a la ley como un «ajuste salarial encubierto». Flexibilización y precarización laboral Más allá del alivio judicial, el bloque de gremios exigió al gobernador Martín Llaryora que la morigeración de las alícuotas no se limite a casos individuales, sino que se extienda a la totalidad de los aportantes activos y pasivos. En este sentido, denunciaron que el desfinanciamiento crónico de la Caja de Jubilaciones no es culpa de los haberes, sino de las políticas de precarización laboral del propio Estado provincial, apuntando contra el uso de sumas no remunerativas, pagos en negro y contrataciones que no realizan los aportes correspondientes al régimen.

Finalmente, los representantes sindicales ratificaron que continuarán en plan de lucha mediante acciones gremiales, políticas y judiciales, trazando además un paralelo con los conflictos previsionales que se replican en provincias vecinas como Santa Fe y Entre Ríos. El impacto en los futuros jubilados Al respecto, el secretario general de la Uepc, Roberto Cristalli, remarcó la importancia de que la Provincia modifique el rumbo en base al nuevo escenario financiero. «El gobierno tiene que cumplir el compromiso que asumió de que iba a replantear el impacto del ajuste si llegaba más dinero», explicó a Hoy Día Córdoba. En ese sentido, adelantó que «debería eliminarse el diferimiento que fija el artículo 58 y que se reduzcan los aportes extraordinarios que fija la nueva ley», agregó Cristalli. «Para nosotros lo perjudicial de los aportes, más allá de la baja para el cobro de los salarios tanto de activos como de jubilados, es que tiene un impacto muy negativo para los futuros jubilados», cuestionó el dirigente sindical docente.

En ese sentido, Cristalli detalló que sostener estas alícuotas extraordinarias de descuento «impacta en el cálculo del haber jubilatorio a futuro», lo que se traduce directamente en un perjuicio permanente que se inicia con una jubilación inicial más baja para los trabajadores en actividad.