Green card por matrimonio: cobraban hasta US$40.000 por bodas falsas y las ganancias se fueron a República Dominicana Seis personas fueron acusadas en Massachusetts; su presunta líder invertía los dividendos en propiedades y empresas - 5 minutos de lectura' Una presunta red de fraude migratorio que operaba desde Massachusetts, en Estados Unidos, habría organizado durante más de una década matrimonios ficticios entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros para facilitar la obtención de la residencia permanente. La investigación apunta a una estructura que cobraba decenas de miles de dólares por cada enlace, generaba ingresos millonarios para su presunta líder y destinaba parte de las ganancias a inversiones inmobiliarias y comerciales en República Dominicana. Fraude de green card por matrimonio en Massachusetts: quiénes son los seis acusados Según informó la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado el miércoles 21 de octubre, seis personas fueron acusadas de participar presuntamente en una organización dedicada a concertar matrimonios fraudulentos para que ciudadanos extranjeros pudieran obtener beneficios migratorios.

La investigación sostiene que la estructura estaba encabezada por una mujer que mantuvo el negocio durante más de diez años y obtuvo millones de dólares mediante estas operaciones. De acuerdo con la información difundida por la fiscalía, la organización utilizó matrimonios ficticios con ciudadanos estadounidenses para presentar documentación fraudulenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El objetivo era facilitar que los clientes consiguieran un estatus migratorio legal, incluida la tarjeta de residencia permanente, conocida popularmente como green card, y la posibilidad de acceder posteriormente a la ciudadanía estadounidense.

Los principales detalles de la investigación son los siguientes: - Seis personas acusadas: Jennifer Gonzalez, de 43 años; Erica Daniels, de 29; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31; y Jaylin Hill, de 26. - Una presunta estructura organizada: Gonzalez habría dirigido el negocio, mientras que Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todos ciudadanos estadounidenses, presuntamente aceptaban contraer matrimonios ficticios a cambio de dinero. Pugh habría trabajado como secretaria de la organización. - Tarifas de hasta 40.000 dólares: cada matrimonio fraudulento habría costado entre US$38.000 y US$40.000, según las estimaciones de los investigadores. - Entre 18 y 20 matrimonios por año: ese sería el promedio de enlaces ficticios organizados por la estructura. República Dominicana: la presunta líder habría invertido las ganancias de las bodas falsas Según los documentos judiciales presentados por el Gobierno federal, Gonzalez manifestó durante conversaciones grabadas que invertía sus ingresos en propiedades y empresas en República Dominicana, país al que se refería repetidamente como su lugar de pertenencia.

En una moción presentada el 21 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, la fiscalía solicitó que Gonzalez permaneciera detenida mientras avanzaba el proceso. El documento sostiene que la acusada dispondría de recursos económicos considerables y mantendría vínculos con República Dominicana, circunstancias que, a juicio del Gobierno, aumentarían el riesgo de que abandonara Estados Unidos para evitar ser juzgada. La presentación judicial también describe las presuntas inversiones de Gonzalez en el país caribeño.

En una conversación grabada con un testigo colaborador, la mujer habría explicado que tenía negocios dedicados al abastecimiento de pequeñas tiendas y comercios de barrio. Además, habría señalado que destinaba el dinero que le sobraba a comprar nuevas propiedades y terrenos. Green card por matrimonio: cómo funcionaba el negocio y cuánto cobraban De acuerdo con los documentos judiciales, Gonzalez habría administrado una empresa informal en la que los extranjeros pagaban para que se les organizara un matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Una vez acordado el enlace, la presunta responsable abonaba dinero a las personas que aceptaban participar como cónyuges, mientras los clientes utilizaban el matrimonio para respaldar sus solicitudes de beneficios migratorios. La investigación calcula que la organización concertaba entre 18 y 20 matrimonios ficticios por año. Por cada uno cobraba entre US$38.000 y US$40.000, una cifra que habría permitido a Gonzalez obtener cientos de miles de dólares anuales durante al menos diez años.

Según la acusación, Gonzalez también instruía a sus clientes sobre cómo construir una apariencia de relación matrimonial auténtica y reunir elementos que pudieran respaldar esa versión ante las autoridades migratorias. Entre las prácticas que presuntamente recomendaba se encontraban: - Abrir cuentas bancarias conjuntas con el supuesto cónyuge. - Contratar pólizas de seguro de vida para utilizarlas como documentación de respaldo de la supuesta relación matrimonial. - Tomarse fotografías juntos, incluidas imágenes tipo selfi que pudieran utilizarse como prueba de la relación. - Conservar fotografías de las bodas y de actividades sociales compartidas con los supuestos esposos. - Preparar la documentación necesaria antes de presentar las solicitudes ante el Uscis. Los documentos judiciales describen también un episodio registrado mediante grabaciones de audio y video.

En esa ocasión, Gonzalez presuntamente indicó cómo imprimir y firmar un contrato presentado como un préstamo y recibió un anticipo de US$3000 en efectivo para organizar un matrimonio ficticio.