Por primera vez, la Marcha Federal Universitaria quedó marcada este jueves por incidentes frente al Congreso de la Nación, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron camiones hidrantes para reprimir a un grupo de manifestantes, minutos antes del acto central de la movilización convocada para exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, el reestablecimiento de la Ley de Tierras, la defensa del sistema de Discapacidad y soluciones para las familias endeudadas, entre otros puntos. Los incidentes Los enfrentamientos se registraron durante la tarde, cuando algunos manifestantes de izquierda arrojaron piedras y cascotes contra el vallado dispuesto alrededor del Palacio Legislativo e intentaron derribar las estructuras. Inmediatamente, los efectivos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, lo que provocó corridas y momentos de tensión en las inmediaciones de la avenida Entre Ríos, en el microcentro porteño.

Rápidamente Gendarmería copó masivamente el sector con sus efectivos para saturar la zona y proteger las vallas, al tiempo que intensificó la represión con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. La represión obligó a los manifestantes a retroceder por las calles aledañas. Las refriegas se produjeron mientras miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias y representantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales se concentraban en la Plaza del Congreso para reclamar mayores recursos para las universidades nacionales.

Muchos de los manifestantes señalaron que los hechos se desencadenaron después de las 16, cuando un grupo de manifestantes comenzó a cruzarse con los agentes de seguridad. “Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así”, acusó un estudiante. El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, salió del recinto tras los enfrentamientos y cuestionó el accionar policial. “Hubo una provocación”, afirmó ante la prensa.“La marcha venía normal.

Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas?

Al final, toda manifestación termina con represión”, agregó el legislador. El gas lacrimógeno incluso llegó al interior del recinto. Según indicaron fuentes parlamentarias, el efecto se sintió en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos.

Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las fuentes legislativas. En total, se reportaron seis heridos y 25 detenidos. Las fuerzas de seguridad informaron tres oficiales de Gendarmería Nacional, uno de la Policía Federal y uno de Prefectura Naval heridos con elementos contundentes durante los altercados.

No se confirmó aún el número de manifestantes heridos. Pero sí se informó la detención de 25 manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. El repudio del Gobierno En las redes sociales, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió a cuestionar a los manifestantes. “Los mismos violentos de siempre.

Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X. “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, completó la ministra.

El acto central Del otro lado de la plaza, el acto central comenzó según lo previsto alrededor de las 16 horas, con oradores de gremios y del ámbito educativo en el escenario principal. Sin embargo, los estruendos de los disparos de goma y el ruido de las motos de los efectivos motorizados se colaban entre los parlantes y provocaron que parte del público comenzara a desconcentrarse. Algunos asistentes buscaron refugio en los bares de la zona, pero varios locales bajaron las persianas y no permitieron el ingreso.

A todo esto se sumó una lluvia intensa y el viento que complicaron aún más la permanencia en la plaza. La movilización había congregado a miles de personas con el reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación sigue bloqueada por el gobierno de Javier Milei. El documento que se leyó El documento que se leyó en las manifestaciones de la Marcha Federal Universitaria a lo largo de todo el país denunció que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario pese a que la Justicia declaró su constitucionalidad y ordenó su aplicación inmediata.

El texto advirtió que esa desobediencia pone en riesgo “nuestra democracia y nuestro sistema republicano” de Gobierno. El escrito señala que el presupuesto educativo presentado por el Ejecutivo es “el más bajo de la historia”, con menos del 1% del PBI, y cuestionó el congelamiento de las Becas Progresar en $ 35.000 desde 2024, un monto que califica como insuficiente para cubrir costos básicos como el transporte y los materiales de estudio. A esa situación sumó la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual freno a las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN).

El documento también reclamó la derogación del DNU 70/23, al que describió como una herramienta que anula leyes del Congreso de la Nación, y pidió que el Presupuesto 2027 contemple un incremento del 33,4% respecto del proyecto del Ejecutivo, en línea con la propuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, concluyó el texto leído en las marchas, con fuertes críticas al Gobierno, además del reclamo por la Ley de Financiamiento. Con el fin de la lectura de este texto, los estudiantes, docentes y no docentes desconcentraron la Plaza Congreso y finalizó la marcha. La movilización en CABA La movilización había sido convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles en todo el país, con el respaldo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Capital Federal.

Bajo las consignas “Educación, soberanía y democracia” y “Milei, cumplí la ley”, los manifestantes volvieron a reclamar de manera masiva la ejecución de la norma aprobada por el Congreso. La columna de la UBA partió desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes hasta llegar a la zona del Congreso. La convocatoria tuvo réplicas en distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Jujuy y La Pampa.

En todas las ciudades, volvieron a nuclearse decenas de miles de manifestantes en defensa de la educación pública y en rechazo del ajuste que aplica la gestión de Milei, en lo que ya se ha constituído como el mayor desafío social a la gestión libertaria. El reclamo por el financiamiento universitario La quinta movilización federal se realizó en medio de un largo conflicto que continúa abierto con el Gobierno por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades nacionales y de recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes según el índice oficial de inflación que elabora el Indec. .

El presidente Javier Milei vetó la ley en septiembre del año pasado, pero en un hecho extremadamente inusual el Congreso rechazó el veto y ratificó la norma. Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante un decreto, lo que dio lugar a una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la legitimidad de la ley. En ese contexto, el juez federal Martín Cormick dispuso el miércoles una multa de 100.000 pesos diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles.

El deterioro presupuestario El deterioro presupuestario es uno de los principales motivos de la protesta. Según un relevamiento publicado por Chequeado, el gasto previsto para educación superior en 2026 se encuentra un 25,3% por debajo del registrado en 2023, en términos reales. En tanto, los salarios docentes acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 34% respecto de noviembre de ese año.

El informe señala además que, para cumplir con la actualización salarial establecida en la ley, el Gobierno debería otorgar un incremento adicional del 32% sobre los haberes de septiembre. La movilización coincidió también con una jornada de protestas de organizaciones sociales, sindicales y políticas que reclamaron la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entre otros puntos. En ese escenario de reclamos simultáneos, la intervención de las fuerzas de seguridad volvió a generar cuestionamientos por el desarrollo de los operativos policiales durante las manifestaciones frente al Congreso.