La conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) quedó sin efecto este viernes, por lo que los 1.250 despidos que la empresa llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires a principios de septiembre quedaron efectivos a partir de la fecha. Sin posibilidades de una nueva extensión de la medida por parte del gobierno bonaerense, el viernes pasado se llevó a cabo la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata entre las partes. Sin acuerdo para la resolución del conflicto, la firma - que se encuentra sumida en una profunda crisis productiva, económica y financiera y con todas sus empresas solicitando la apertura del concurso de acreedores - ratificó los despidos de tres plantas de Buenos Aires.

Según un recuento realizado por la cartera laboral, a principios del mes pasado, la firma despidió 700 trabajadores de la fábrica de Capitán Sarmiento, 50 de la de Pilar y 500 de Esteban Echeverría. “En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación”, sostuvo el apoderado de Granja Tres Arroyos en la audiencia, Walter Carrizo. El abogado mantuvo el argumento del grupo avícola para justificar las desvinculaciones, al sostener que las mismas respondieron a la “necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación”. Por otro lado, afirmó que “esta ratificación no constituye la comunicación de nuevos despidos”.

Asimismo, planteó que, más allá del vencimiento de la conciliación obligatoria, “las empresas mantienen su disposición al diálogo para evaluar alternativas viables que permitan atender la situación de los trabajadores y sostener la continuidad de la actividad, sin asumir obligaciones adicionales carentes de respaldo ni renunciar a las posiciones expuestas”. La representación de la empresa volvió a rechazar acusaciones de vaciamiento y la “provocación deliberada de la crisis” y sostuvo que “la afectación de fondos y cobranzas por medidas vinculadas a obligaciones anteriores a las presentaciones concursales limita la capacidad de atender compromisos corrientes y recuperar el funcionamiento de los establecimientos”. Por su parte, fuentes sindicales afirmaron que los despidos quedaron vigentes, pero hasta que no se asigne el juzgado que llevará adelante los concursos, los trabajadores no podrán acceder al pago de las indemnizaciones, que se realizarán bajo el artículo 247.

Cabe recordar que el grupo empresario solicitó que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21 trate de manera conjuntas los concursos de Granja Tres Arroyos SA, WADE SA y Avex SA, a cargo del magistrado Germán Páez Castañeda, quien remitió el expediente al Juzgado Comercial N°1. El juez Alberto Alemán, titular de este último, se declaró incompetente y devolvió la causa. Ahora Páez Castañeda deberá decidir qué hacer con los concursos.

Asimismo, pesa una inhibición de bienes sobre las empresas por decisión judicial ante la denuncia de vaciamiento de las mismas. “Se está a la espera de que la cámara designe un juzgado, para que este designe un síndico. Y el síndico va a determinar, una vez que la empresa tenga los fondos, qué crédito tiene que pagar”, sostuvo la fuente. Sobre la firma