El oficialismo logró este martes avanzar con el dictamen de la reforma a la Ley de Glaciares en un plenario de comisiones atravesado por tensiones, acusaciones cruzadas y episodios que reflejaron el clima político que rodea el debate. Con 37 firmas, La Libertad Avanza y sus aliados aseguraron el despacho de mayoría y dejaron el proyecto listo para ser tratado este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. La discusión no solo expuso diferencias sobre el contenido de la iniciativa, sino también sobre el procedimiento.

Desde el inicio, legisladores opositores cuestionaron la convocatoria a expositores, denunciaron un sesgo en la representación de intereses y apuntaron contra funcionarios por posibles conflictos de interés. Funcionarios y gobernadores defendieron la reforma El plenario tuvo como eje la defensa del proyecto por parte del Poder Ejecutivo y de gobernadores de provincias mineras. El secretario de Minería, Luis Lucero, rechazó los cuestionamientos y acusó a la oposición de “instalar miedo” en torno al impacto de la ley sobre el agua. “El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor”, sostuvo el funcionario, y defendió el rol de las provincias en la evaluación ambiental: “Esto es federalismo en acción, no declamado”.

En la misma línea, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ratificó su respaldo a la iniciativa y planteó que “sin minería no va a haber futuro”. Su exposición, que se realizó de manera virtual, estuvo marcada por interrupciones y reclamos de la oposición. Orrego insistió en que la actividad puede desarrollarse de forma “sustentable y amigable con el medio ambiente” y defendió el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales, en línea con el planteo del Gobierno.

Acusaciones de lobby y cuestionamientos al proceso El avance del dictamen se dio en un contexto de fuertes críticas opositoras. Maximiliano Ferraro cuestionó la presencia del secretario de Minería en el plenario y advirtió sobre un posible conflicto de intereses por sus vínculos previos con empresas del sector. Además, apuntó contra la selección de invitados, centrada en representantes de provincias con proyectos mineros, y denunció que el proceso deliberativo estuvo condicionado por esos intereses.

Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá fue más allá y afirmó que el plenario funcionó como un espacio de “lobby minero”, mientras que legisladores de Unión por la Patria también cuestionaron la falta de pluralidad en las exposiciones. El clima se tensó desde el inicio y se mantuvo durante toda la jornada, con cruces constantes entre oficialismo y oposición. Un diputado de LLA se dejó el micrófono abierto A la tensión política se sumó un episodio que amplificó el malestar.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quedó en el centro de la polémica por un comentario captado con el micrófono abierto durante el debate, que generó el rechazo inmediato de diputadas opositoras. “Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, afirmó. Más allá de ese episodio, el oficialismo consiguió reunir los apoyos necesarios para avanzar.

Al dictamen de La Libertad Avanza se sumaron legisladores del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, lo que permitió alcanzar las 37 firmas. En paralelo, se presentaron tres dictámenes de rechazo: uno de Unión por la Patria, otro de Provincias Unidas y un tercero de la Coalición Cívica, lo que anticipa un debate dividido en el recinto. El trasfondo político que se cuela en el debate Con el dictamen ya firmado, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión que se anticipa tensa.

El debate comenzará este miércoles a las 15 y estará marcado por la intención del oficialismo de avanzar con la sanción definitiva de la ley. Sin embargo, el clima político que dejó el plenario anticipa que el recinto no se limitará al tratamiento del proyecto. Sectores de la oposición ya adelantaron a PERFIL que impulsarán cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento para introducir otros temas en la discusión.

En ese contexto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberá administrar una sesión en la que el oficialismo buscará sostener el control del debate frente a una oposición que intentará ampliar el foco. Aunque la reforma de la Ley de Glaciares concentra el temario formal, el debate se desarrolla en un contexto político más amplio que atraviesa al Gobierno. La sesión aparece como una antesala de lo que será el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, previsto para el 29 de abril.

En los bloques opositores anticipan que el recinto funcionará como un primer termómetro del clima parlamentario, mientras que el oficialismo busca evitar que la discusión se desborde y derive en un cuestionamiento general a la gestión. Con ese escenario, la votación de este miércoles no solo pondrá en juego el futuro de la reforma. También servirá para medir fuerzas en un Congreso donde el conflicto político empieza a escalar.

JD/DCQ